La Policía registró este lunes la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en el marco de una investigación judicial por presunta malversación de fondos y lavado de dinero, según confirmaron este martes las propias autoridades policiales. El procedimiento se realizó como parte de una causa que analiza contratos comerciales vinculados a ingresos generados en el exterior.
El operativo tuvo como objetivo la recolección de documentación vinculada a acuerdos económicos entre la AFA y la empresa TourProdEnter LLC, registrada en Estados Unidos, que habría actuado como agente comercial de la asociación durante los últimos cuatro años.
Contratos bajo análisis y millonarios ingresos
De acuerdo con los investigadores, TourProdEnter LLC habría recaudado más de 260 millones de dólares en nombre de la AFA, producto de contratos de patrocinio y derechos de retransmisión internacional. Estos fondos corresponderían a ingresos generados fuera de Argentina, principalmente en mercados internacionales.
Las autoridades buscan establecer la trazabilidad de esos recursos y determinar cómo fueron administrados, además de identificar si existieron desvíos de dinero hacia terceros ajenos a los fines institucionales de la asociación.
Transferencias a empresas en Estados Unidos
Según información publicada por el diario La Nación, aunque gran parte de los fondos se habría utilizado para financiar las actividades regulares de la AFA, 42 millones de dólares habrían sido transferidos a cuatro empresas registradas en el estado de Florida, en Estados Unidos.
Estas compañías, siempre de acuerdo con la investigación periodística, habrían sido creadas por presuntos testaferros en Argentina. Hasta el momento, no se ha determinado con claridad quiénes habrían sido los beneficiarios finales de dichas transferencias.
Gastos en bienes de lujo bajo sospecha
El citado medio detalló que esas empresas habrían pagado facturas millonarias relacionadas con aviones privados, yates de lujo, automóviles de alta gama y propiedades inmobiliarias. Estos movimientos financieros forman parte de los elementos que están en análisis por los investigadores.
Las autoridades judiciales evalúan si estas operaciones guardan relación directa con los contratos firmados por la AFA o si se trató de un uso indebido de los fondos generados en el exterior.
Respuesta oficial de la Asociación del Fútbol Argentino
Tras conocerse el registro policial, la AFA emitió un comunicado y confirmó que mantiene un contrato vigente con TourProdEnter LLC, mediante el cual designó a la empresa como su agente comercial para la representación económica y comercial en el exterior.
En la nota de prensa, la entidad aseguró que distintos tribunales analizaron previamente la relación contractual. Es decir, tanto en la República Argentina como en los Estados Unidos, sin que se hayan detectado irregularidades.
Argumentos legales y controles judiciales
“Tanto la justicia argentina como la estadounidense han tenido plena oportunidad de evaluar el vínculo contractual entre las partes. Así, concluyendo que el mismo se encuentra debidamente ajustado a derecho”, señaló la AFA en su comunicado oficial.
La asociación remarcó que el acuerdo comercial es válido, transparente y se encuentra sometido a controles judiciales. Incluso para quienes, según expresó, optan por desconocer dichos pronunciamientos.
Cuestionamientos a publicaciones recientes
En el mismo texto, la AFA cuestionó la difusión de nuevas publicaciones que vuelven a plantear supuestas irregularidades en la administración de fondos en el exterior. Indicó que esas informaciones no habrían realizado las verificaciones ni investigaciones mínimas correspondientes.
La entidad sostuvo que estas versiones desconocen fallos judiciales previos. Esto genera interpretaciones que no se ajustan a las resoluciones ya emitidas por los tribunales competentes.
Llamado a la responsabilidad informativa
Finalmente, la AFA instó a los medios de comunicación y a quienes ejercen la tarea de informar a revisar las fuentes y los fallos judiciales existentes. Además, recordó que la responsabilidad informativa implica evitar contribuir a operaciones que respondan a intereses particulares.
