De acuerdo con el medio Expreso, en el documento se detalla la participación de cada acusado en una estructura jerárquica con reparto de tareas. Renuncian expresamente a compensación económica: “Aceptar dinero sería inmoral, ya que provendría del mismo origen con el que se pagó a los sicarios”. En su lugar, piden justicia restaurativa con reconocimiento público de culpabilidad. Si hay sentencia condenatoria, solicitan que los responsables declaren ante el país: “Somos culpables del magnicidio de Fernando Villavicencio”.

Rol atribuido a cada procesado

José Serrano habría usado su influencia en la Policía Nacional para obtener información reservada sobre el esquema de seguridad de Villavicencio y facilitar su vulnerabilidad. Daniel Salcedo se señala como responsable del financiamiento ilícito, manejo de recursos y apoyo logístico.

Ronny Aleaga, exlegislador vinculado a estructuras delictivas, actuaría como nexo político y garante de impunidad, evitando resistencia institucional. Xavier Jordán se identifica como instigador y promotor directo, motivado por intereses económicos y retaliaciones políticas. 

Evidencias y estructura criminal

La acusación se basa en testimonios, pericias forenses, análisis de dispositivos electrónicos y registros de comunicaciones. Demuestra una organización criminal con voluntad común para ejecutar el crimen en un “plan criminal unificado”.

La participación no fue circunstancial, sino planificada y coordinada. La investigación, calificada como una de las más complejas por la Fiscalía, ha enfrentado obstáculos: nueve personas asesinadas durante el proceso, incluidos presuntos sicarios; destrucción de pruebas, amenazas a testigos, filtraciones y manipulación de audios.

Cierre de instrucción fiscal inminente

El cierre de la instrucción está previsto para el 2 de diciembre, salvo que la fiscal Ana Hidalgo solicite vincular nuevos sospechosos. Con las evidencias recopiladas, la Fiscalía podrá llamar a juicio y sostener la acusación ante jueces.

El proceso requiere vigilancia judicial y garantías de independencia, dada la capacidad de influencia y corrupción atribuida a los involucrados.

Contexto del asesinato de Villavicencio

Fernando Villavicencio fue asesinado el 9 de agosto de 2023 al salir de un mitin en Quito, días antes de las elecciones presidenciales. El crimen impactó la campaña electoral y generó condenas nacionales e internacionales. La Fiscalía ha procesado a varios implicados materiales, pero la identificación de autores intelectuales ha sido el foco principal.

El caso resalta desafíos en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en Ecuador. Amanda y Tamia Villavicencio enfatizan la reparación moral sobre la económica, priorizando el reconocimiento público de los hechos (24).