La activista ecológica Andrea González expresó su preocupación. Alertó sobre los efectos de la minería en Quimsacocha, en Cuenca, provincia de Azuay, zona en la que se prevé la ejecución del proyecto minero Loma Larga. Expuso la situación en una reciente entrevista. La excandidata presidencial advirtió sobre los peligros para la localidad.
Andrea González recordó los orígenes de este conflicto y señaló que el interés minero en la zona data de los años noventa. Pero se consolidó en el gobierno de Rafael Correa. Ella ha seguido el caso de cerca desde el año 2011.
Según Andrea González, la defensa del agua es histórica en Cuenca y que los habitantes protegen sus ríos por salud y economía. «El turismo depende de la calidad del agua», explicó. Los cuatro ríos de Cuenca nacen en el páramo amenazado.
Andrea González insiste en la protección de los páramos
La economía local se sustenta en sus recursos hídricos, dice Andrea González, quien recordó que el agua de calidad impulsa el turismo. También dice que este recurso permite sostener la industria láctea y que la reputación de Cuenca como un destino para retirados.
El ecosistema de los páramos es frágil y vital, según destaca la activista ambiental. A decir de González, estos ecosistemas se caracterizan por su sensibilidad. Incluso el pastoreo de ganado está prohibido en estos entornos, indica. La presión física del ganado ya alteraba el flujo del agua en estos ecosistemas, explica la excandidata a la Presidencia de Ecuador.
Contaminación del agua
La profesional en ingeniería ambiental señaló los riesgos de la minería a gran escala, ella explicó que se trituran rocas para extraer el mineral. Esto libera metales pesados muy peligrosos. Estos desechos terminan en «relaveras» o piscinas de tóxicos y el riesgo de derrames por las lluvias es muy alto.
Otro punto clave son los pasivos ambientales. Andrea González afirmó que el Estado asume estos costos. El gobierno termina gastando mucho en reparar los daños. Y en proteger la salud de la población local afectada.
Minería legal e ilegal
Andrea González recordó que los ciudadanos ya se manifestaron. Las consultas populares han rechazado estos proyectos. La provincia valora más la economía del turismo y la agricultura. Estos sectores dependen de un ambiente sano y seguro.
La ambientalista también diferenció la minería legal de la ilegal. Calificó a la minería ilegal como un crimen. Aseguró que financia a grupos delincuenciales organizados. «Usan el oro para comprar armas», sentenció Andrea González.
Finalmente, abogó por una minería legal pero responsable y propuso el uso de tecnologías más seguras para la extracción. Informó que el método de encapsulado de tóxicos es una alternativa viable, ella argumentó que Canadá es un líder en minería responsable a seguir.
