El escenario político ecuatoriano se ha visto sacudido nuevamente por las repercusiones de un largo litigio internacional. Tras conocerse el laudo arbitral que obliga al Estado a pagar una indemnización millonaria a la petrolera Chevron, la bancada del movimiento ADN ha decidido tomar cartas en el asunto desde el Legislativo. La reactivación del debate sobre la llamada “Ley de Repetición” se convierte en la prioridad de este grupo político, que busca establecer mecanismos legales claros para que el costo de estas sentencias no lo asuman los contribuyentes. El objetivo es que los funcionarios que, por acción u omisión, causaron este perjuicio económico, respondan con su propio patrimonio ante el país. La responsabilidad fiscal es el argumento central de esta iniciativa legislativa.
El asambleísta Xavier Ordóñez, vocero de esta postura, señala que la sanción internacional, fijada en más de USD 220 millones, es consecuencia directa de lo que denomina una interferencia política en la justicia durante administraciones pasadas. Según la visión de ADN, la politización del caso Chevron durante el gobierno del “correísmo” derivó en procesos judiciales cuestionados que terminaron revirtiéndose en contra del Ecuador en tribunales extranjeros. La urgencia de aprobar esta normativa radica en la necesidad de sentar un precedente para que futuras decisiones gubernamentales sean tomadas con mayor cautela y apego a la legalidad, evitando así nuevas glosas internacionales que afecten el desarrollo nacional.
El peso de la historia y la “mano negra”
La narrativa impulsada por el oficialismo contrasta la antigua campaña mediática contra la petrolera con la realidad del fallo actual. Ordóñez argumenta que, si bien hubo contaminación ambiental histórica por parte de Texaco, los gobiernos posteriores certificaron una remediación que legalmente cerró ciertos capítulos, pero que luego fueron reabiertos con fines políticos. Para el movimiento ADN, la verdadera “mano negra” no fue solo la de la petrolera, sino la manipulación de la justicia que expuso al Estado a una defensa indefendible en el arbitraje internacional. La memoria histórica del conflicto se convierte ahora en un arma de debate parlamentario, donde se busca deslindar responsabilidades actuales de decisiones tomadas hace más de una década.
El fallo del tribunal de La Haya, aunque reduce significativamente la pretensión original de la petrolera (que ascendía a miles de millones), sigue representando un golpe a la caja fiscal. Por ello, la insistencia en que se abra el primer debate de la ley es absoluta. Los legisladores oficialistas sostienen que no se debe permitir que el dinero destinado a obras y servicios públicos se desvíe para pagar errores de terceros. La justicia interna debe actuar, según su criterio, como un espejo de la justicia internacional, asegurando que quienes provocaron el daño al Estado asuman las consecuencias de sus actos. La impunidad administrativa es lo que se pretende erradicar con la implementación efectiva de la figura de repetición.
Un llamado a la acción legislativa
En este contexto, el movimiento político ha hecho un llamado al resto de las bancadas para dejar de lado las banderas partidistas y priorizar el interés nacional. La propuesta busca que, independientemente de quién haya presentado la iniciativa original, la Asamblea Nacional dé paso al tratamiento de la norma con celeridad. Para ADN, este es un momento definitorio para demostrar si el Legislativo está del lado de los ciudadanos o de la protección corporativa de exfuncionarios. La transparencia en la gestión pública exige que existan consecuencias reales para la negligencia o el dolo en el ejercicio del poder.
Mientras el país asimila la noticia del pago obligatorio a la transnacional, el debate se traslada al pleno de la Asamblea. La discusión no solo será técnica y jurídica, sino profundamente política, revisando años de historia judicial y ambiental en la Amazonía. La reactivación de este proyecto de ley podría marcar un hito en la fiscalización en Ecuador, estableciendo reglas claras sobre el riesgo que asumen los servidores públicos al tomar decisiones que comprometen el futuro económico de la nación. La ciudadanía observa atenta, esperando que esta vez, la factura no la terminen pagando los de siempre, sino quienes tomaron las decisiones que llevaron a este desenlace. La ética pública está a prueba.
