La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, con mayoría de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), se abstuvo este 10 de diciembre de 2025 de calificar a trámite el pedido de juicio político contra el exministro de Salud, Jimmy Martín, por presunto incumplimiento de funciones durante su gestión.
La decisión, tomada en una sesión que duró poco más de media hora en Quito, impide el avance del proceso impulsado por legisladores de la Revolución Ciudadana (RC), quienes acusan a Martín de omisiones en el abastecimiento de medicamentos e insumos médicos en el sistema de salud público. Esta abstención se produce a días del receso legislativo, que inicia el 22 de diciembre y concluye el 5 de enero de 2026, y suma a Martín a la lista de exfuncionarios del gobierno de Daniel Noboa que evitan enjuiciamientos similares.
El pedido presentado por Revolución Ciudadana
La moción para calificar el pedido fue presentada por la asambleísta Ana Herrera, de la RC, quien argumentó que el proceso cumplía con los requisitos constitucionales tras superar el filtro del Consejo de Administración Legislativa (CAL) el 5 de diciembre. Herrera obtuvo el respaldo de otros tres legisladores correístas: Nanki Saant, Janeth Bustos y Fricson George.
Sin embargo, los cinco miembros de ADN y aliados, incluyendo al presidente de la comisión, Ferdinan Álvarez, Ana Belén Tapia, José Nango, María Paula Villacreses, Luigi García y Fabiola Sanmartín, optaron por la abstención sin ofrecer argumentos durante la sesión. Una posterior moción de reconsideración, presentada por Tapia, tampoco prosperó, dejando la resolución en firme.
Detalles de la votación y acusaciones principales
Los proponentes del juicio político, los asambleístas de la RC Franklin Samaniego, Eliana Correa y Luis Fernando Molina, sustentan sus acusaciones en el artículo 131 de la Constitución ecuatoriana, que establece el incumplimiento de funciones como causal para censura política. Jimmy Martín ejerció como ministro de Salud desde el 15 de julio hasta el 20 de noviembre de 2025. Durante su mandato, declaró una emergencia por desabastecimiento en hospitales públicos, lo que permitió procesos de compra acelerados.
No obstante, en los 60 días de vigencia de esta declaratoria, el Ministerio de Salud solo adquirió 55 medicamentos y 20 insumos médicos, de un total de más de 760 requeridos, según datos verificados por los legisladores. Las imputaciones específicas incluyen omisiones en el abastecimiento de medicamentos, insumos y dispositivos médicos. A esto se suma la falta de pagos a prestadores de servicios externalizados y clínicas privadas de diálisis, así como inejecución presupuestaria.
Durante la sesión, los correístas destacaron problemas persistentes en el sistema de salud público. Es decir, como la escasez de personal especializado y retrasos en pagos a proveedores. No hubo intervenciones de los legisladores oficialistas, quienes mantuvieron silencio sobre el tema. La comisión tiene hasta el 13 de diciembre para revisar el pedido y confirmar el cumplimiento constitucional; de no hacerlo, el trámite quedará archivado automáticamente.
Procedimiento legal y contexto político
De haber sido calificado, el juicio político habría implicado la notificación inmediata a Jimmy Martín y a los proponentes. Abriendo un plazo de 15 días para la presentación de pruebas de cargo y descargo. La comisión habría elaborado un informe para el pleno de la Asamblea Nacional, donde se decidiría la censura política. Este mecanismo busca accountability en funcionarios públicos, especialmente en sectores críticos como la salud, donde el desabastecimiento ha afectado a miles de pacientes en Ecuador.
Este caso se enmarca en un patrón de intentos fallidos de fiscalización contra exmiembros del gabinete de Daniel Noboa. Procesos similares contra la exministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano, y el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, no avanzaron en etapas previas.
