El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha marcado este lunes un nuevo hito en la política de seguridad exterior de su administración, anunciando un giro táctico en el combate al crimen organizado en el hemisferio. Durante una alocución oficial desde la Casa Blanca, el mandatario confirmó que las fuerzas armadas norteamericanas, tras meses de despliegue en las aguas del Caribe, comenzarán en breve a ejecutar operaciones de ataque directo contra objetivos situados en tierra firme en América Latina. Según la visión del Ejecutivo estadounidense, esta nueva fase es la evolución natural de una campaña que busca erradicar la influencia de los cárteles que operan en la región.

Para justificar esta escalada, Donald Trump presentó cifras contundentes sobre la efectividad de sus maniobras navales recientes. El presidente aseguró que la llegada de estupefacientes a través de rutas marítimas ha disminuido un 94 % gracias a la presión ejercida por los buques estadounidenses. Con este escenario, la administración se enfoca ahora en el 6 % restante y en las cadenas logísticas terrestres, argumentando que golpear estas infraestructuras es, en sus propias palabras, “mucho más sencillo“. El discurso presidencial enfatizó que las organizaciones criminales representan una amenaza militar directa que intenta activamente “narcotizar” a la sociedad estadounidense.

El fentanilo como arma de destrucción y el paralelo histórico

En su retórica, Donald Trump recurrió a comparaciones históricas para ilustrar la gravedad de la crisis de los opioides, trazando un paralelo con las Guerras del Opio del siglo XIX. El mandatario recordó cómo China sufrió una debacle de casi un siglo tras ser inundada con drogas por potencias coloniales como el Reino Unido y Francia. Bajo esta lógica, aseguró que Estados Unidos está siendo víctima de una estrategia similar por parte de actores externos, pero que su gobierno está logrando revertir la situación rápidamente mediante el uso de la fuerza y la implementación de políticas de seguridad agresivas.

Como medida concreta ante esta amenaza, Donald Trump anunció la próxima firma de una orden ejecutiva de alto impacto: la designación formal del fentanilo como “arma de destrucción masiva”. El presidente argumentó que ninguna bomba convencional causa el nivel de devastación humana que provoca este opioide sintético, al cual atribuye la responsabilidad de entre 200.000 y 300.000 muertes anuales. Esta nueva categorización administrativa permitiría al gobierno estadounidense liberar recursos adicionales y emplear tácticas militares no convencionales para detener el flujo de esta sustancia hacia su territorio.

Operación ‘Lanza del Sur’ y denuncias de violencia en el mar

El contexto de estas declaraciones es la denominada operación ‘Lanza del Sur’, un despliegue iniciado en agosto que mantiene una significativa presencia militar frente a las costas de Venezuela. El objetivo oficial es eliminar a los “narcoterroristas”, pero las acciones en el terreno han generado controversia. Se han reportado bombardeos contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico, dejando un saldo de más de 80 personas fallecidas. Críticos y reportes señalan que estos ataques se han realizado, en ocasiones, sin pruebas concluyentes de que las naves transportaran estupefacientes, lo que ha levantado las alarmas sobre posibles violaciones a los derechos humanos.

La tensión alcanzó un punto crítico con el asalto a un buque petrolero en aguas venezolanas por parte de efectivos estadounidenses, un hecho que Donald Trump y su administración enmarcan en la lucha antidrogas, pero que Caracas ha calificado tajantemente como un acto de “piratería internacional”. El gobierno de Nicolás Maduro denuncia que estas acciones son ilegales y criminales, y sostiene que la verdadera intención de Washington no es el combate al narcotráfico, sino forzar un cambio de régimen para tomar control de las inmensas reservas de petróleo y gas que posee la nación sudamericana.

Aislamiento diplomático y contradicciones en los datos

A pesar de la narrativa de Donald Trump sobre el éxito de las operaciones, existen discrepancias significativas con los datos manejados por organismos internacionales. Tanto la ONU como la propia DEA han señalado en informes previos que Venezuela no constituye la ruta principal para el tráfico de drogas hacia suelo estadounidense, indicando que más del 80 % de los estupefacientes ingresan a través de la ruta del Pacífico. Estas estadísticas contradicen la justificación principal para el despliegue masivo de fuerzas frente al Caribe venezolano, sugiriendo motivaciones más políticas que estrictamente policiales.

Finalmente, la estrategia agresiva impulsada por Donald Trump ha cosechado una amplia condena internacional. Potencias como Rusia, junto con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, han expresado su rechazo. En la región, los gobiernos de Colombia, México y Brasil también han condenado las acciones unilaterales. Expertos en derecho internacional han llegado a calificar los ataques a las embarcaciones civiles como “ejecuciones sumarias”, advirtiendo que la política de Washington podría estar vulnerando gravemente la soberanía de los estados y la legislación marítima vigente.