En una entrevista con Manavisión Plus, el asambleísta Fernando Cedeño, integrante de la Comisión Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, expresó su preocupación por la consulta popular propuesta por el gobierno de Daniel Noboa. Cedeño, miembro de la bancada de la Revolución Ciudadana, analizó las siete preguntas de la consulta, las recientes leyes económicas y el contexto político del país.
Consulta popular: ¿Distractor político?
Cedeño calificó la consulta popular como un mecanismo del gobierno para desviar la atención de problemas estructurales. Al inicio de la entrevista emitió su criterio sobre si era necesario o no llamar a los ecuatorianos a las urnas en en el marco de una nueva conuslta popular.
Según el asambleísta, el Ejecutivo busca generar distractores ante la reciente declaración de inconstitucionalidad parcial de tres leyes económicas urgentes: la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Integridad Pública y la Ley de Inteligencia. Estas normas, aprobadas por la Asamblea Nacional, fueron vetadas parcialmente por la Corte Constitucional el pasado lunes, a la espera de un dictamen definitivo. “Advertimos oportunamente sobre su inconstitucionalidad”, afirmó Cedeño, destacando que su bancada había señalado el trasfondo problemático de estas leyes.
El legislador cuestionó la pertinencia de las siete preguntas propuestas, algunas ya rechazadas en consultas previas, como el contrato por horas. “¿Son prioridades para el país? Creo que no”, sentenció. También señaló el riesgo de reabrir debates como la autorización de casinos, que podrían fomentar la ludopatía y el lavado de activos, beneficiando a grupos económicos ligados al turismo de lujo, como los representados por la familia Noboa.
Riesgos a la democracia y concentración de poder
Cedeño alertó sobre un posible intento de concentración de poderes por parte del Ejecutivo. Criticó la propuesta de someter a los jueces de la Corte Constitucional a juicio político, una medida que, según él, debilitaría los contrapesos democráticos establecidos en la Constitución de Montecristi. “En un Estado democrático, los jueces no deben ser susceptibles a juicio político por sus fallos”, afirmó. Este planteamiento, según el asambleísta, ha generado preocupación en organismos multilaterales de derechos humanos y defensa de la democracia.
El legislador también cuestionó la presencia de Nielsen Olsen, presidente de la Asamblea Nacional, junto a la ministra de Gobierno, Zayda Rovira, en una cadena nacional rodeada de militares y policías armados. “Esto genera sospechas de intimidación en un Estado de derecho”, dijo. Cedeño comparó estas acciones con un modelo de gobernanza civil-militar, similar al de Nayib Bukele en El Salvador, y rechazó las acusaciones de que su bancada busca replicar el correísmo. “Han pasado ocho años desde que dejamos el poder. Los gobiernos de Moreno, Lasso y Noboa han profundizado la pobreza y la desigualdad”, aseguró.
Crisis social y el rol del CPCCS
El asambleísta destacó la persistente crisis de seguridad y el deterioro del sistema de salud pública. Citó datos alarmantes: cerca de 4.700 muertes violentas en el primer semestre de 2025, superando récords anteriores. Criticó el aumento del IVA, justificado para combatir el crimen organizado, pero que, según él, no ha mejorado las capacidades de la fuerza pública. También señaló el desabastecimiento de medicamentos en hospitales públicos y la falta de acceso a tratamientos como la diálisis.
Sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), propuesto para ser eliminado en la consulta, Cedeño defendió su importancia. Recordó su experiencia como presidente del organismo y subrayó su rol en la lucha contra la corrupción y la promoción de la participación ciudadana. Sin embargo, lamentó que la inestabilidad política y las destituciones arbitrarias han impedido su consolidación. “El CPCCS sufre presiones políticas que limitan su labor”, afirmó, abogando por fortalecerlo en lugar de suprimirlo.
Cedeño concluyó que la consulta popular refleja una estrategia para consolidar el poder del Ejecutivo, en detrimento de la institucionalidad democrática.
La entrevista, transmitida por Manavisión Plus, que puede ser visualizada en sus plataformas oficiales, dejó en claro las tensiones entre el gobierno y sectores opositores en un contexto de crecientes desafíos sociales y políticos en Ecuador.
