La carrera por designar al sucesor de la actual Fiscal General del Estado ha dado un paso fundamental tras meses de incertidumbre y retrasos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), entidad encargada constitucionalmente de llevar a cabo este proceso, ha tomado decisiones operativas que destraban la conformación del organismo técnico que vigilará el concurso. En una sesión plenaria reciente, el organismo aprobó el informe que rechaza y ratifica las calificaciones de los postulantes a la Comisión Ciudadana de Selección, cerrando así una etapa de impugnaciones y revisiones que mantenía en suspenso el avance del cronograma. Este movimiento administrativo es la antesala necesaria para la convocatoria oficial, que se perfila para finales de este año o principios de 2026.

La depuración de la lista de comisionados no ha estado exenta de controversia. Un total de 38 aspirantes (23 hombres y 15 mujeres) presentaron reclamos sobre sus calificaciones en la fase de méritos, pero el equipo técnico del concurso, conformado por delegados de los vocales del CPCCS, desestimó estas solicitudes. Ahora, la institución se dispone a elaborar “de inmediato” el listado de los 30 mejor puntuados, respetando la paridad de género. Este grupo selecto será el encargado de llevar las riendas del concurso más vigilado del país, garantizando —en teoría— la transparencia y la idoneidad de quien ocupe uno de los cargos más sensibles y poderosos del Estado ecuatoriano. La celeridad con la que se actúe en los próximos días será determinante para cumplir con los plazos establecidos.

El rol de la Comisión Ciudadana

La Comisión Ciudadana de Selección es el corazón del proceso. Una vez que el Consejo de Participación Ciudadana realice el sorteo público para definir a los miembros titulares y suplentes, este cuerpo colegiado tendrá la responsabilidad de convocar a los abogados y juristas del país a postularse para el cargo de Fiscal General. Su labor incluye la revisión de carpetas, la calificación de méritos y la organización de las pruebas de oposición. La composición de esta comisión, que mezcla representantes de la ciudadanía y delegados de las funciones del Estado, busca equilibrar las fuerzas y evitar la injerencia política directa, aunque en la práctica, su conformación siempre genera intensos debates sobre la independencia real de sus integrantes.

El reglamento establece plazos ajustados: dos días para elaborar la lista de los mejores puntuados y dos días más para el sorteo de desempate y ubicación. Cada hora cuenta en un proceso que ya acumula retrasos significativos. La expectativa nacional es alta, dado el rol protagónico que ha tenido la Fiscalía en los últimos años en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción política. La legitimidad del próximo Fiscal dependerá, en gran medida, de la pulcritud con la que esta comisión ciudadana maneje cada etapa del concurso, desde la convocatoria hasta la designación final. Cualquier sombra de duda sobre los comisionados podría empañar la credibilidad de la autoridad electa.

Contexto político y judicial

Este concurso se desarrolla en un momento de alta tensión política en Ecuador. La actuación de la Fiscalía ha sido clave en casos de gran conmoción nacional, lo que convierte a la designación de su titular en un objetivo estratégico para diversos sectores de poder. El CPCCS, a menudo en el ojo del huracán por sus propias disputas internas, tiene la tarea de blindar el proceso técnico de las presiones externas. La ciudadanía exige que el perfil seleccionado no solo cumpla con los requisitos académicos, sino que demuestre una probidad intachable y la valentía necesaria para enfrentar los desafíos de seguridad que atraviesa el país. La vigilancia social será, por tanto, un componente indispensable en los meses venideros.

Con la fase de convocatoria a la vuelta de la esquina, el país se prepara para conocer a los aspirantes que buscarán liderar la investigación penal en Ecuador. El Consejo de Participación Ciudadana tiene en sus manos la responsabilidad histórica de garantizar un proceso limpio. El éxito de esta gestión no solo se medirá por el cumplimiento de los tiempos, sino por la calidad ética y profesional de quien resulte ganador. Mientras los comisionados toman sus puestos, la cuenta regresiva para el relevo en la Fiscalía ha comenzado oficialmente, marcando el inicio de un capítulo crucial para la justicia ecuatoriana.