Desde el 3 de noviembre de 2025, la Epmapa Santo Domingo tomó el control del sistema de agua potable y alcantarillado en la urbanización Ciudad Verde, tras una resolución judicial emitida en junio de este año. La medida pone fin a la administración ejercida durante años por la Asociación de Propietarios, generando tanto expectativa como malestar entre los moradores, que enfrentan cortes temporales del servicio y denuncias por falta de información clara sobre el proceso de transición.
Inicio del proceso y primeras reacciones
Desde la semana pasada, personal técnico de la Epmapa realiza la fase de pruebas para verificar el funcionamiento del sistema, lo que ha provocado intermitencias en el suministro. En algunos sectores, los habitantes han permanecido sin agua por varias horas o incluso días.
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La empresa instaló una oficina móvil junto a la sede de la Asociación de Propietarios, con el objetivo de atender inquietudes y explicar los procedimientos. Sin embargo, varios usuarios aseguran que no fueron notificados oportunamente, lo que ha generado incomodidad y confusión.
Entre los rumores más difundidos está el supuesto aumento de tarifas, que pasarían de 10 a 20 dólares mensuales, algo que Epmapa aún no ha confirmado. Los vecinos también expresan preocupación por la calidad del agua, afectada durante las pruebas de presión y purga de redes.
Tres frentes de trabajo técnico
De acuerdo con la empresa, la intervención incluye tres líneas de acción principales. El primer frente corresponde a la revisión de medidores: el 80 % de los domicilios cuenta con uno, pero no todos cumplen con las normas técnicas vigentes. El segundo frente consiste en un catastro de predios, para identificar usos residenciales o comerciales.
El tercer frente se enfoca en la inspección de válvulas y redes de distribución para detectar fugas y establecer sectores de control. Este proceso se ejecutará por zonas y en forma progresiva durante un mes. Mientras tanto, se mantendrán cortes programados que permitirán estabilizar la presión del sistema y garantizar el suministro continuo.
Preocupación y descontento vecinal
Joselita Banegas, vicepresidenta de la Asociación de Propietarios de Ciudad Verde, explicó que hasta octubre la organización cobraba una alícuota mensual de 10 dólares, que incluía los servicios de agua, mantenimiento, jardinería y guardianía. La directiva contaba con su propio pozo profundo, planta de tratamiento y tanque elevado, infraestructura que ahora quedará bajo la administración de Epmapa.
Banegas reconoció el malestar de los moradores, pero rechazó los comentarios que cuestionan la calidad del agua gestionada por la Asociación. “El agua no era sucia, tenía minerales naturales que generaban confusión”, indicó. Añadió que la urbanización mantuvo el servicio hasta el mes pasado y que ahora espera que la municipalidad garantice continuidad y transparencia.
El origen judicial del cambio
El traspaso del sistema de agua a Epmapa obedece a una resolución judicial derivada de una acción de protección constitucional interpuesta por la misma Banegas. La jueza Susana Sotomayor determinó que el Ministerio del Ambiente (MAATE) vulneró el derecho a la seguridad jurídica al autorizar, con irregularidades, una nueva Junta Administrativa de Agua Potable paralela a la Asociación original.
El fallo dispuso la disolución de dicha Junta y ordenó que Epmapa asumiera la competencia en virtud de su carácter legal como ente regulador municipal. Con la decisión, se anularon los nombramientos previos y se estableció la intervención inmediata de la empresa pública.
Demandas ciudadanas por calidad del servicio
Noemí Ramírez, moradora del sector por más de siete años, aseguró que los vecinos exigieron durante más de una década la mejora del servicio de agua sin obtener respuesta del urbanizador ni de la Asociación. “El agua llegaba día por medio y salía turbia, nos causaba problemas en la piel y gastos médicos”, afirmó.
Ramírez detalló que un grupo de 120 familias solicitó integrarse a la Asociación, pero fue rechazado, lo que motivó la creación de una nueva Junta. Según su testimonio, la decisión judicial que eliminó esa junta y dio paso a Epmapa “refleja la necesidad de contar con agua de calidad, apta para el consumo humano, como establece la Constitución”.
Opiniones divididas en la comunidad
Otros moradores, como Gonzalo Ramírez, respaldan la presencia de Epmapa. “Pagábamos 10 dólares al mes, pero el agua no servía ni para lavar la ropa. Hoy el agua llega clara y confiamos en que el cambio sea definitivo”, afirmó.
Mientras tanto, algunos residentes advierten que el proceso se ha visto obstaculizado por la resistencia de un grupo de vecinos, quienes han impedido el ingreso de técnicos con argumentos sobre presuntos perjuicios económicos. La empresa municipal informó que continuará con las pruebas y pidió paciencia durante la transición, asegurando que la meta es regularizar el servicio en todos los sectores antes de diciembre.
