La reciente coyuntura sociopolítica en Ecuador ha trascendido las fronteras, generando reacciones de entidades globales que vigilan las garantías fundamentales. En este contexto, la organización Human Rights Watch ha emitido un pronunciamiento firme respecto a las estrategias empleadas por el Estado ecuatoriano durante las jornadas de movilización registradas entre septiembre y octubre de 2025. El foco de la crítica se centra en la utilización de informes secretos de inteligencia como herramienta para justificar el congelamiento de activos financieros pertenecientes a diversas organizaciones de la sociedad civil, una medida que ha sido calificada como preocupante por su impacto en el derecho a la protesta y la asociación libre.
Según el análisis realizado por esta entidad internacional, las autoridades nacionales recurrieron a mecanismos excepcionales para bloquear el acceso a recursos económicos de grupos indígenas y ambientalistas. Estas acciones se dieron en el marco de las manifestaciones convocadas en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel, una política económica que detonó un mes de tensiones en las calles. La directora de la División de las Américas de la organización, Juanita Goebertus, fue enfática al señalar que las herramientas de inteligencia no deben desvirtuarse para perseguir la labor de activistas o frenar demostraciones pacíficas, subrayando que tal proceder vulnera principios democráticos esenciales.
Human Rights Watch hizo un seguimiento
El seguimiento realizado por Human Rights Watch detalla que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) jugó un rol protagónico en este esquema. Desde el 19 de septiembre, dicho organismo gubernamental instruyó a los reguladores bancarios para que procedieran con la inmovilización de las cuentas. Esta disposición no solo afectó a las personas jurídicas, es decir, a las organizaciones como tal, sino que se extendió a las cuentas personales de sus líderes y miembros. La investigación de la ONG incluyó entrevistas a 16 afectados y la revisión exhaustiva de expedientes judiciales relacionados con la impugnación de estas medidas contra 21 objetivos, entre individuos y colectivos.
Uno de los hallazgos más relevantes durante el monitoreo de las audiencias judiciales fue la falta de sustento probatorio por parte del Estado. En varios casos, los jueces ordenaron el levantamiento del bloqueo al constatar que las autoridades no presentaron documentación que validara las medidas restrictivas. Durante estos litigios, se observó que el personal del Centro Nacional de Inteligencia se negó a entregar información sobre las supuestas irregularidades detectadas a los abogados defensores y a los propios magistrados, alegando la naturaleza reservada de los datos. Esto dejó en evidencia la fragilidad de los argumentos usados para cortar el flujo de fondos vitales para el funcionamiento de estas entidades.
Organizaciones reportaron bloqueos de sus cuentas
El impacto de estas decisiones administrativas fue tangible y severo para las organizaciones afectadas. Por ejemplo, se documentó el caso de la Fundación Alianza Ceibo, que vio imposibilitado su acceso a capitales provenientes de la Unión Europea, destinados a la ejecución de proyectos de desarrollo. Además de Alianza Ceibo, otras agrupaciones como la Nacionalidad Kichwa de Pastaza (Pakkiru) y la Unión de Afectados por Texaco (Udapt) tuvieron que interponer recursos legales para revertir la situación. La postura de Human Rights Watch destaca que la justificación estatal se amparó en una disposición de la Ley de Transparencia Social, una normativa impulsada por el presidente Daniel Noboa y aprobada de forma expedita por la Asamblea.
Dicha ley faculta el congelamiento de activos sin necesidad de una orden judicial previa, siempre que existan “indicios objetivos” de operaciones sospechosas. El mandatario había declarado públicamente que los dineros bloqueados tenían como fin “desestabilizar al Gobierno” a través de las protestas lideradas por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Sin embargo, el saldo de las movilizaciones fue trágico, con un registro de dos fallecidos por arma de fuego y 473 heridos, según datos recopilados por la sociedad civil. Ante este panorama, el organismo internacional insta a una revisión urgente de las normativas que permiten estas acciones basadas en inteligencia, para asegurar su compatibilidad con la Constitución y los tratados internacionales.
