Para el próximo 18 de agosto del 2025 está prevista la audiencia pública para tratar la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública (LOIP).
Frente a ello, la Corte Constitucional (CC) recibió un pedido urgente del secretario jurídico de la Presidencia de Ecuador, Stalin Andino, para suspender la diligencia.
El Gobierno nacional solicitó que la audiencia se difiera al menos hasta que se cumpla el plazo legal de 15 días para responder a las acciones acumuladas relacionadas con esta ley.
El pedido se basa en que las demandas de inconstitucionalidad se notificaron a la Presidencia el 8 de agosto de 2025. Esto cuando la Corte Constitucional admitió la tramitación de dicha demanda interpuesta por el partido Unidad Popular. La admisión de esta demanda la confirmó Geovanni Atarihuana, director de Unidad Popular, quien detalló que la causa se unirá al caso inicial presentado por la Unión Nacional de Educadores (UNE).
Controversias sobre la Ley de Integridad Pública
La demanda de inconstitucionalidad plantea críticas que incluyen reformas a la Ley de Servicio Público, cuestionando despidos y estabilidad laboral. También se critica la intención de convertir cooperativas en bancos y la disposición que perdona impuestos a la Corporación Noboa, según Atarihuana. El director de Unidad Popular también destacó que estas reformas causaron daños irreparables a los funcionarios despedidos. Además, expresó su expectativa de que la Corte actúe conforme a derecho para garantizar justicia.
Unidad Popular espera que la audiencia se convoque pronto debido a la urgencia del tema. La organización anuncia también su participación en la Asamblea de las Organizaciones Populares el 16 de agosto y tiene previsto definir futuras movilizaciones para exigir el respeto a los derechos laborales afectados por esta ley.
Respuestas del Ejecutivo y el rol de la Corte Constitucional
El secretario jurídico presidencial pidió formalmente diferir la audiencia para tener tiempo de preparar las respuestas legales, respetando los plazos procesales. Mientras tanto, la Corte Constitucional ha recibido múltiples demandas de inconstitucionalidad contra varias leyes urgentes, entre ellas la Ley de Integridad Pública, reflejando un proceso legal en marcha con gran repercusión política.
Las demandas muestran un choque político evidente sobre reformas impulsadas por el Gobierno y la Asamblea Nacional. La audiencia del 18 de agosto es decisiva para determinar el destino de la normativa y la defensa constitucional de los derechos afectados.
