La crisis del sistema de salud pública en Ecuador ha alcanzado niveles críticos que afectan directamente la vida de los ciudadanos más vulnerables. El expresidente de Ecuador Rafael Correa utilizó sus plataformas digitales para denunciar un hecho desgarrador ocurrido en la provincia de Santa Elena. Héctor Ruiz, un conocido militante de la organización política Revolución Ciudadana (RC5), falleció presuntamente por no recibir el tratamiento de diálisis que requería con urgencia. Este suceso pone en evidencia las carencias estructurales de los hospitales estatales que no logran cubrir la demanda de servicios especializados en la actualidad.

Según el relato compartido por Rafael Correa, la situación en el centro hospitalario fue desalentadora para los familiares del ciudadano fallecido. A la esposa del militante se le habría indicado que lo llevara a su casa para morir tranquilamente, debido a que el establecimiento no contaba con los recursos necesarios para atenderlo. Correa calificó este acto no como una muerte natural, sino como un asesinato derivado de la negligencia institucional que impera en el país. “¡Esto tiene que acabar!”, sentenció el exmandatario nacional, exigiendo una respuesta inmediata ante lo que considera una vulneración sistemática del derecho constitucional a la salud.

La vital importancia de la hemodiálisis en pacientes renales

El tratamiento de hemodiálisis es un proceso médico esencial para las personas diagnosticadas con insuficiencia renal crónica avanzada en cualquier etapa. Esta terapia sustituye la función principal de los riñones, filtrando las toxinas y el exceso de líquidos de la sangre a través de una máquina especializada. Sin este procedimiento, el cuerpo humano pierde su capacidad de mantener el equilibrio químico necesario para la supervivencia diaria de forma segura. En el contexto ecuatoriano, miles de pacientes dependen de convenios entre el Estado y centros externos para recibir esta atención vital de forma ininterrumpida, según ha mencionado Rafael Correa.

La interrupción de estas sesiones conlleva peligros extremos para la estabilidad orgánica de cualquier paciente diagnosticado con este padecimiento. Cuando no se cumple con el calendario de diálisis, sustancias nocivas como la urea y el potasio se acumulan en el torrente sanguíneo, provocando complicaciones severas. La denuncia realizada por Rafael Correa resalta que la falta de insumos o el impago a prestadores de servicios está empujando a los ciudadanos a un abismo de incertidumbre. La salud pública debe ser una prioridad que trascienda las banderas políticas para proteger la integridad de quienes padecen enfermedades catastróficas hoy.

Factores de riesgo y complicaciones por falta de tratamiento

Los riesgos para un paciente renal que no recibe su tratamiento a tiempo son incalculables y progresivos para su organismo. Uno de los factores de peligro más inmediatos es el edema pulmonar, causado por la retención de líquidos que el organismo ya no puede evacuar por sí solo. Además, los niveles elevados de potasio pueden desencadenar arritmias cardíacas o incluso un paro súbito, reduciendo drásticamente la esperanza de vida del afectado. Como bien señala Rafael Correa, enviar a un paciente a su hogar sin atención médica equivale a una sentencia de muerte evitable en condiciones normales.

La insuficiencia renal es una patología que requiere un manejo multidisciplinario y un compromiso estatal firme por parte de las autoridades. Los factores de riesgo asociados a la falta de diálisis incluyen también la debilidad muscular extrema, desorientación y un estado de toxicidad generalizado que deteriora la calidad de vida. Para los ciudadanos que, como Héctor Ruiz, enfrentan este panorama, la ausencia de respuestas por parte del Ministerio de Salud se traduce en una tragedia familiar inmensa. El expresidente Rafael Correa insiste en que la falta de recursos en los hospitales es una forma de violencia administrativa contra el pueblo.

Crisis sanitaria y el impacto en la sociedad ecuatoriana

El colapso del sistema sanitario en Ecuador ha generado un clima de indignación social que se refleja diariamente en las redes sociales. La denuncia sobre el fallecimiento en Santa Elena ha despertado el interés de diversos organismos defensores de los derechos humanos a escala internacional. Se cuestiona constantemente cómo un país puede permitir que sus ciudadanos mueran por falta de suministros médicos básicos en pleno siglo XXI. Para Rafael Correa, la situación es un reflejo de una gestión que ha priorizado otros sectores por encima de la protección de la existencia humana y el bienestar social del país.