Este 24 de diciembre de 2025 se cumple un año desde el hallazgo de los cuerpos sin vida de Nehemías Arboleda Portocarrero (15), Steven Medina Lajones (11) e Ismael (15) y Josué Arroyo Bustos (14), los menores desaparecidos dos semanas antes en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil.
Tras una exhaustiva investigación judicial en Ecuador, el proceso culminó con una sentencia condenatoria de hasta 34 años de prisión contra 16 miembros de las Fuerzas Armadas, hallados responsables del delito de desaparición forzada.
El caso, que conmocionó al país, logró justicia mediante la identificación técnica de los cuerpos y la reconstrucción de los hechos ocurridos durante operativos de seguridad, sentando un precedente en materia de derechos humanos.
Desaparición y alarma en Las Malvinas
La cronología del caso inició cuando los cuatro niños fueron vistos por última vez tras ser interceptados por un convoy militar en el sector de Las Malvinas. Era 8 de diciembre de 2024.
Según las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, los menores fueron aprehendidos sin que se reportara su paradero a las autoridades policiales. Esto, en el marco del Conflicto Armado Interno que movilizó a los militares a las calles.
Durante dos semanas, familiares y organizaciones civiles denunciaron la opacidad en la información proporcionada por las unidades militares involucradas, lo que activó protocolos internacionales de búsqueda de personas desaparecidas.
La presión social y la intervención de organismos de derechos humanos permitieron que la fiscalía ampliara el radio de investigación hacia recintos militares y zonas aledañas al estero. La identificación de los vehículos y el análisis de las bitácoras de operaciones fueron claves para determinar que los menores nunca salieron de la custodia de los uniformados. Este periodo estuvo marcado por múltiples plantones y la exigencia de respuestas directas al Ministerio de Defensa.
Hallazgo e identificación pericial
Fue el 24 de diciembre de 2024 cuando las unidades especializadas de la Policía Nacional y Criminalística localizaron los restos calcinados de los cuatro menores. El hallazgo se produjo en un terreno baldío cercano a la base militar de Taura, en la localidad de Naranjal.
La identificación biológica se realizó mediante pruebas de ADN y peritajes odontológicos forenses, los cuales confirmaron con un 99.9% de certeza que los restos pertenecían a los niños reportados como desaparecidos. La noticia se confirmó el 31 de diciembre de 2024, en medio de las festividades de fin de año.
El proceso de exhumación e inspección técnica fue riguroso, revelando evidencias de violencia física previas al fallecimiento. Este hallazgo desestimó las versiones iniciales de los implicados, quienes alegaban desconocimiento del paradero de las víctimas.
La Fiscalía presentó estas pruebas periciales como el pilar fundamental para elevar la acusación de desaparición a desaparición forzada con resultado de muerte. Así se agravaron las penas potenciales para los sospechosos.
Sentencia histórica por el caso Las Malvinas
El caso Las Malvinas concluyó el pasado lunes 22 de diciembre, con una resolución unánime de un Tribunal de Garantías Penales.
El fallo condenó a 11 militares a 34 años y ocho meses de prisión, como responsables directos del delito. Un uniformado, procesado en calidad de cómplice, fue absuelto. Otros cinco soldados recibieron condenas de 30 meses tras acogerse a la figura de cooperación eficaz.
El tribunal determinó que la patrulla incumplió el debido proceso al no entregar a los menores a la policía especializada en delitos de adolescentes. Además, estableció que los cuatro jóvenes fueron sometidos a torturas y tratos inhumanos y crueles.
Además de la cárcel, el fallo incluyó medidas de reparación integral para las familias y la obligación del Estado de pedir disculpas públicas.
Actualmente, el caso se encuentra en fase de ejecución de sentencia, mientras los organismos internacionales vigilan el cumplimiento de las reparaciones.
Este aniversario del hallazgo no solo recuerda la tragedia. También subraya la importancia del control civil sobre las fuerzas armadas y la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad y desaparición forzada. (13).
