La Fiscalía General de Colombia solicitará que el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay sea declarado crimen de lesa humanidad. Esta calificación, según informó Noticias RCN, garantizaría que la investigación no prescriba. Se busca mantener activo el proceso hasta esclarecer a los responsables, incluidos los autores intelectuales, aquello tras la muerte del político colombiano.
El atentado tuvo lugar en el parque El Golfito, barrio Modelia, durante un evento político el 7 de junio de 2025 en Bogotá. Uribe Turbay, de 39 años y miembro del Centro Democrático, recibió disparos en la cabeza y la pierna. El autor material, detenido cerca de la escena, fue un menor de 15 años. Tras 65 días en cuidados intensivos, falleció el 11 de agosto. La Fiscalía calificó el hecho como un magnicidio.
Los delitos de lesa humanidad no prescriben
La solicitud de la Fiscalía, respaldada por el abogado de la familia, Víctor Mosquera, se basa en el Derecho Internacional Penal. Específicamente el Estatuto de Roma, que define los crímenes de lesa humanidad como ataques sistemáticos o generalizados contra civiles por motivos políticos, entre otros. Mosquera afirmó que este asesinato no se trató de un caso aislado, sino un ataque contra la oposición, afectando al Centro Democrático.
Seis personas están detenidas: el menor sicario, Elder José Arteaga, alias “El Costeño”, señalado como coordinador. También figuran Katerine Andrea Martínez, alias “Gabriela”, quien habría entregado el arma y Carlos Eduardo Mora, conductor del vehículo. Figuran también William González, alias “El Hermano” y Cristian Camilo González, motociclista que facilitó la huida.
Otros magnicidios históricos en Colombia
Cuatro de los sospechosos enfrentan cargos por homicidio agravado, y dos por concierto para delinquir. Las penas podrían superar los 40 años para los adultos. La investigación explora una posible conexión con disidencias de las FARC, como la Segunda Marquetalia, aunque no hay evidencia concluyente sobre los autores intelectuales. El presidente Gustavo Petro y el Consejero para la Paz, Otty Patiño, han rechazado teorías de motivación política, sugiriendo un móvil sicarial.
Este caso revive el dolor por los magnicidios históricos en Colombia, como los de Luis Carlos Galán (1989) y Álvaro Gómez Hurtado (1995), aún sin resolución total. La familia Uribe Turbay exige justicia y verdad, mientras la Fiscalía ofrece hasta 3 mil millones de pesos (740 mil dólares) por información relevante. La calificación como crimen de lesa humanidad podría transformar la respuesta institucional ante atentados contra figuras públicas.
