La jueza de la Unidad Judicial de Garantías Penales de Machala dictó prisión preventiva contra Kerly V. (29 años), Karla V. (32) y Justin A. (19), procesados como autores directos del delito de extorsión. Los detenidos —dos de ellos guardias de seguridad en centros de salud de Machala— exigían pagos de 5.000 dólares a médicos, bajo amenazas respaldadas con imágenes y mensajes enviados en nombre de un grupo delictivo.

Extorsión en hospitales de Machala

De acuerdo con la investigación fiscal, los procesados dirigían sus amenazas a médicos del Hospital Teófilo Dávila y del Centro de Salud Velasco Ibarra, en Machala. Los mensajes intimidatorios advertían ataques contra los profesionales y sus familias si no entregaban la suma exigida.

Los implicados se presentaban como emisarios de un grupo armado organizado, con el fin de dar mayor credibilidad a las amenazas. En algunos casos, enviaban fotografías y mensajes escritos para presionar a las víctimas.

La Policía Nacional confirmó que, por temor, al menos uno de los médicos llegó a entregar parte del dinero solicitado antes de que se concretara el operativo.

Capturas y operativo de la UNASE

Las detenciones fueron ejecutadas por agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE), en coordinación con la Fiscalía, tras seis meses de investigación. El operativo se desarrolló en Machala y permitió identificar a los responsables de las amenazas.

Durante la acción policial se incautaron cinco teléfonos celulares, que habrían sido utilizados para enviar los mensajes extorsivos. Estos equipos son ahora parte de la cadena de custodia y serán analizados por peritos en criminalística.

Las autoridades indicaron que el grupo actuaba de forma planificada, aprovechando la cercanía de los guardias a las instalaciones médicas para recopilar información sobre las víctimas.

Situación legal de los procesados

Tras la audiencia de formulación de cargos, la jueza dictó prisión preventiva contra los tres implicados. El joven de 19 años, Justin A., fue ingresado en el Centro de Privación de Libertad (CPL) El Oro No. 1, en Machala.

Por su parte, Kerly V. y Karla V. fueron trasladadas al CPL Femenino No. 2, en Zaruma, donde permanecerán mientras avanza el proceso judicial. La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días, periodo en el que se recopilarán pruebas adicionales.

El delito de extorsión está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y puede ser sancionado con penas de hasta diez años de prisión, dependiendo de la gravedad y los agravantes.

Contexto de violencia y extorsiones en Ecuador

El caso ocurre en un contexto marcado por el incremento de la extorsión en distintas provincias del Ecuador, un delito que afecta a comerciantes, transportistas y profesionales de la salud. En varias ciudades, las amenazas a nombre de grupos armados han generado alarma social y obligan a las autoridades a fortalecer los controles.

En El Oro, provincia fronteriza y con alta actividad comercial, las denuncias de extorsión se han multiplicado en los últimos años. Este caso evidencia que la delincuencia organizada ha comenzado a extender sus presiones hacia sectores clave como el sistema de salud.

Reacciones institucionales

La Fiscalía General del Estado informó que continuará con los procesos judiciales contra los tres detenidos, mientras se mantienen abiertas otras líneas de investigación relacionadas con posibles cómplices.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de reforzar la presencia en hospitales y centros de salud de la provincia, con el fin de garantizar la seguridad del personal médico.

El Ministerio de Salud Pública, por su parte, aseguró que colaborará con la investigación y ofreció apoyo a los médicos afectados.

Médicos de hospitales de Machala, bajo amenaza

El caso de los guardias de hospital procesados por extorsionar a médicos en Machala refleja los desafíos que enfrenta Ecuador en la lucha contra el crimen organizado y la intimidación sistemática. La prisión preventiva dictada contra los tres procesados es un paso dentro del proceso judicial, mientras las autoridades buscan desmantelar redes que operan en sectores sensibles como la salud. (12)