El experto en seguridad, Fernando Carrión, abordó los temas más críticos de la coyuntura nacional en una entrevista con Manavisión Plus. Desde el manejo del paro nacional hasta la crisis carcelaria, Carrión enfatizó la necesidad de soluciones estructurales basadas en el diálogo, el respeto a la ley y reformas profundas en las instituciones de seguridad y justicia del país.

Carrión enfatizó la necesidad ineludible del diálogo para desescalar el conflicto social, al mismo tiempo que urgió a la implementación de reformas estructurales y profundas en el sistema carcelario y en la legislación penal del país. Su intervención subraya la complejidad de los desafíos que enfrenta el Gobierno y la sociedad ecuatoriana en este momento crítico.

En el contexto del paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Fernando Carrión hizo un llamado a la cordura y al estricto apego a la ley, tanto por parte de los manifestantes como de las fuerzas del orden. Sostuvo que, si bien el derecho a la protesta es una garantía legal y constitucional, este no debe, bajo ninguna circunstancia, derivar en actos de violencia. De igual manera, recordó que la Policía y las Fuerzas Armadas tienen la obligación de regirse por el principio del uso proporcional de la fuerza, para que la jornada se desarrolle en condiciones más humanas y dentro del marco constitucional.

Fernando Carrión explica que la violencia no es legal

Carrión sentenció: «Lo lógico sería que las fuerzas de lado y lado actúen dentro del marco de la ley, en otras palabras, las protestas son legales, pero la violencia no, las protestas son legales, pero también tienen sus límites, entonces, la gente que está en eso debe saber hasta dónde puede llegar y en el caso de la Policía y las Fuerzas Armadas también tienen fijado cuestiones legales como el uso proporcional de la fuerza y entonces si nosotros manejamos de lado y lado las definiciones de orden legal y constitucional yo creo que el paro podrá llevarse a cabo, pero en condiciones mucho más humanas.»

El diálogo: Un imperativo político antes que electoral

Abordando el escenario político a mediano plazo, especialmente la propuesta de instalar bases militares en la frontera y la inminente consulta popular, Fernando Carrión fue enfático en la necesidad de establecer prioridades claras. Para el experto, la principal tarea del presidente no es la consulta en sí misma, sino la resolución del conflicto actual. «Lo primero que tiene que hacer el presidente es resolver el conflicto que estamos viviendo para posteriormente entrar en la lógica de lo que significa la consulta popular», afirmó con convicción.

Advirtió sobre un riesgo palpable: el desgaste del Gobierno en medio de un paro prolongado y conflictivo podría llevar a un fracaso en la consulta de noviembre. Peor aún, si la consulta fracasa, el Gobierno tendría que convocar a una nueva para elegir a los miembros de una potencial asamblea constituyente, donde podría obtener una representación minoritaria, lo que resultaría en una constitución «totalmente distinta» a sus aspiraciones, afectando seriamente su gobernabilidad y legitimidad.

El diálogo es una vía

La salida, para Fernando Carrión, es inequívoca: «Lo fundamental es el diálogo». Recordó que el Gobierno ya ha demostrado su capacidad para negociar con la dirigencia indígena. Mencionó específicamente el proceso electoral de la Conaie, donde Leonidas Iza no logró la presidencia, sugiriendo que «ahí me da la impresión que hubo conversaciones». Además, citó la exitosa conformación del bloque parlamentario mayoritario en la Asamblea, donde lograron la suma de Pachakutik.

Estos precedentes, según el experto, indican que el Gobierno ha «venido conversando con ellos». Por lo tanto, considera que lo «lógico sería que logren un diálogo, desactive este problema y vayamos a la consulta en el mes de noviembre en condiciones absolutamente pacíficas y buenas para el país». Este enfoque de Carrión resalta la preeminencia de la gestión del conflicto sobre las tácticas electorales en un momento de alta tensión.

La crisis carcelaria: Un sistema en colapso que exige una reforma estructural

Fernando Carrión también dedicó una parte significativa de su análisis a la crítica situación carcelaria del país. Los datos son alarmantes: desde el año 2021, las masacres en prisión han cobrado la vida de aproximadamente 600 personas, lo que representa un promedio de alrededor de 150 muertes por año. El último mes ha sido particularmente sombrío, con dos masacres importantes registradas en Machala y Esmeraldas, que ponen de manifiesto la profundidad del problema. A esto se suman las «increíbles» fugas de líderes criminales como «Fito» y Colón Pico, cuya coincidencia temporal (la fuga de «Fede» el mismo día de la recaptura de «Fito») revela la permeabilidad y la vulnerabilidad del sistema.

«Esto lo que nos está mostrando es que hay un problema real en el sistema carcelario», afirmó Fernando Carrión. El experto había sostenido anteriormente que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) debería formar parte del Ministerio de Gobierno, una propuesta que el Ejecutivo finalmente ha asumido.

Fernando Carrión sugiere reformas en el SNAI

Sin embargo, Carrión lamentó que, a pesar de este paso, no se perciba un proceso real de reforma estructural del SNAI. Subrayó que, si el SNAI se integra al Ministerio del Interior, debe cumplir dos funciones esenciales: la clásica, que es garantizar el pago de las penas, y otra crucial, que es combatir los numerosos ilícitos que se cometen desde el interior de las cárceles, como las masacres.

Para ello, Fernando Carrión argumentó que se necesita una política de seguridad robusta, la cual solo será efectiva con una reforma integral del SNAI: «cambiar gente, establecer filtros, la inteligencia carcelaria es mucho más eficiente, los guías penitenciarios mejor formados, porque lo que estamos viendo es que el SNAI no está funcionando y está produciendo todos estos problemas.» Agregó que la persistencia de las Fuerzas Armadas en siete de las 36 cárceles del país por casi dos años es una anomalía, ya que «esa no es una misión» para la institución militar y el SNAI es el que debe asumir su responsabilidad de manera efectiva.

Urgencia de reformar el COIP

Finalmente, al abordar el tema del hacinamiento carcelario, Fernando Carrión apuntó directamente al Código Orgánico Integral Penal (COIP) aprobado en 2014 como una de las causas fundamentales del problema. Explicó que la aprobación de este código llevó a un incremento exponencial de la población carcelaria, triplicándola en apenas siete años. Este aumento desmedido generó un nivel de hacinamiento «tan fuerte que terminó explotando».

Aunque reconoció la «decisión muy importante» del expresidente Lasso de reducir el número de personas privadas de libertad por edad, condiciones de salud o ciertos tipos penales, Carrión sugirió que esa misma consideración debería tener la Asamblea Nacional para realizar una reforma profunda al COIP.

«Yo creo que ahí hay que hacer una reforma profunda al COIP, a mí me parece que llegó un momento determinado que el nivel de hacinamiento fue tan alto porque el Código Orgánico Integral Penal (COIP) se aprueba en el 2014, siete años después teníamos el triple de población carcelaria por la ley que se aprobó y eso hizo que el hacinamiento sea tan fuerte que terminó explotando».

Fernando Carrión habla de populismo penal

Fernando Carrión criticó la lógica del «populismo penal» que caracterizó la reforma de 2014, la cual se tradujo en un incremento desproporcionado de las penas (pasando de 16 años como pena máxima antes de 2014 a 40 años actualmente, más del doble), un aumento de los tipos de delitos y una reducción de la edad de imputabilidad penal. Todo esto, según Carrión, provocó un llenado masivo de las cárceles sin que la infraestructura existente pudiera soportarlo.

Recordó el caso anecdótico, pero revelador, de una persona cercana a él que fue privada de la libertad por tres días debido a tener las llantas lisas en su vehículo, un ejemplo de la criminalización excesiva de infracciones que deberían ser manejadas de otra forma. «Yo creo que hay que hacer una reforma al COIP porque el COIP tuvo una lógica de lo que se llama el populismo penal que fue incrementar las penas, nos sosteníamos hasta el 2014, 16 años como pena mayor, hoy estamos con 40, es decir más del doble. Los tipos de delitos incrementaron, la edad de la imputabilidad penal bajó con lo cual se llenaron las cárceles de gente y la infraestructura no da», enfatizó. Concluyó mencionando que, si bien está próxima la inauguración de una nueva cárcel de alta seguridad, la solución de fondo al problema del hacinamiento y la crisis carcelaria pasa necesariamente por una reforma integral y profunda de la legislación penal.