Un juez negó la acción de protección contra la EPMT-SD. Alcaldía y concejalas discrepan sobre el fallo, mientras el proceso continúa en instancias superiores.
Un juez constitucional negó la acción de protección con medidas cautelares que presentaron las concejalas Diana Coloma y Diana Saltos contra la Empresa Pública Municipal de Transporte de Santo Domingo (EPMT-SD), tras la audiencia realizada el 22 de diciembre.
Las ediles impulsaron el recurso para suspender sanciones municipales, principalmente las aplicadas mediante medios electrónicos, y exigir la devolución de valores que, según su criterio, la empresa habría cobrado de forma indebida.
El juzgador resolvió que las accionantes no acreditaron afectación directa, lo que impidió admitir la acción constitucional. La decisión no incluyó un pronunciamiento de fondo sobre la actuación de la EPMT-SD.
Pronunciamiento del alcalde Wilson Erazo
Luego de conocerse el fallo, el alcalde Wilson Erazo afirmó que durante el proceso se intentó “posicionar mentiras”. Aseguró que su administración actúa conforme a la ley y la normativa vigente.
Erazo reiteró que no aplicará sanciones electrónicas en el centro de la ciudad mientras ejerza funciones como alcalde. Señaló que la gestión municipal debe mantenerse alejada de la politiquería.
El alcalde recalcó que todas las decisiones administrativas deben respetar los procedimientos legales, en referencia al debate generado por las sanciones de tránsito en el cantón.
Respuesta de las concejalas accionantes
La concejal Diana Coloma explicó que el juez no declaró inocente a la EPMT-SD, sino que rechazó la acción porque las demandantes no figuraban como afectadas directas.
Coloma confirmó que apelaron la resolución y que el proceso avanzará hacia la Corte Provincial y, de ser necesario, a la Corte Constitucional.
Las concejalas anunciaron que mantendrán seguimiento permanente para garantizar el debido proceso y reiteraron que su acción buscaba proteger los derechos de los ciudadanos.
Antecedentes del recurso constitucional
Las ediles presentaron la acción de protección en septiembre de este año, junto con medidas cautelares, para detener sanciones impuestas por la EPMT-SD y solicitar la devolución de cobros cuestionados.
Según las accionantes, el recurso pretendía evitar la continuidad de mecanismos sancionatorios que, a su juicio, afectan de forma directa a los habitantes de Santo Domingo.
En ese contexto, Diana Coloma sostuvo que la empresa municipal no puede exceder sus competencias administrativas ni vulnerar normas legales mediante sanciones digitales.
Proceso judicial en curso
El proceso continúa activo debido a la apelación presentada. Las instancias superiores deberán analizar la procedencia constitucional del reclamo.
Mientras tanto, el debate sobre las sanciones de tránsito, la legalidad de los cobros y el uso de medios electrónicos sigue vigente.
