La justicia ecuatoriana impuso una condena de 40 años de prisión por el asesinato de un cabo primero de la Policía Nacional, ocurrido la tarde del 25 de marzo de 2025. El crimen se registró dentro de la vivienda del uniformado, donde atendía un pequeño negocio familiar junto a su madre y su hermano.
El Tribunal de Garantías Penales valoró un conjunto de pruebas que permitió establecer la responsabilidad penal de Humberto Enrique G. U. en el ataque armado. La sentencia cerró un proceso marcado por pericias técnicas, testimonios directos y documentación financiera incorporada durante el juicio.
El caso reveló elementos que profundizaron la gravedad del delito contra el policía. Las investigaciones expusieron posibles vínculos entre el crimen y actividades de minería ilegal en la zona, una hipótesis sustentada en informes policiales y análisis económicos presentados ante los jueces.
Audiencia por el asesinato
Durante la audiencia, se conoció que el procesado realizó visitas previas al domicilio de la víctima. Un día antes del asesinato ingresó al inmueble bajo el pretexto de comprar alimentos. Al día siguiente regresó, supuestamente para adquirir pescado, pero su intención era ejecutar el ataque.
Los disparos rompieron la tranquilidad del lugar. El hermano del policía escuchó las detonaciones y encontró a su familiar gravemente herido. En su testimonio relató haber visto al agresor huir armado en una motocicleta, una versión que coincidió con otros elementos recabados en la investigación.
La captura del sospechoso ocurrió dos días después, en el sector de Yangana, provincia de Loja. La Policía lo interceptó durante un operativo y halló en su poder un revólver y dinero en efectivo, evidencias que reforzaron la acusación.
El Tribunal consideró acreditadas las circunstancias agravantes del delito. La sentencia contempló la alevosía y el hecho de que la víctima era un servidor policial en funciones, factores que incrementaron la pena prevista para el delito de asesinato.
Con esta resolución, la justicia aplicó la sanción más severa contemplada en el Código Orgánico Integral Penal para un asesinato. La condena busca sentar un precedente frente a los crímenes cometidos contra miembros de la fuerza pública y reafirma la respuesta penal del Estado ante hechos de extrema violencia, informó Fiscalía. (37).
