El año 2025 registra 16 atentados, amedrentamientos y asesinatos contra operadores del sistema de justicia en Ecuador, según el Observatorio de Derechos y Justicia, que documentó cada incidente. Se conoció que el último caso corresponde a la amenaza proferida por el narcotraficante serbio Jezdimir Srdan contra el juez anticorrupción Carlos Serrano. El hecho ocurrió durante una audiencia judicial.
El año inició con un ataque armado contra la jueza María Belén Chérrez, en La Libertad, provincia de Santa Elena, el 17 de enero. Tres individuos en motocicleta dispararon contra su vehículo mientras se movilizaba. La magistrada permaneció siete meses en terapia intensiva y falleció en agosto. Chérrez era reconocida por dictar sentencias contra miembros de las organizaciones delictivas Los Choneros y Los Lagartos.
Operadores de justicia en la mira del crimen
En Manabí, el juez Marcos Mendoza fue asesinado a tiros el 16 de octubre en Montecristi, cuando dejaba a sus hijos en una institución educativa. Mendoza llevaba un caso de lavado de activos contra Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de Los Choneros, y su entorno familiar. Previamente, el magistrado había sido investigado en el caso conocido como “narcotentáculos”.
El ministro del Interior, John Reimberg, lo señaló por intentar contactarlo a través de terceros. Otros hechos incluyen el asesinato de un secretario judicial en Chone, Manabí; el ataque que dejó herido a un ayudante fiscal en la misma ciudad; y la agresión contra un familiar de un funcionario judicial en Orellana. En Pichincha, los jueces de la Corte Provincial Maritza Romero y Marco Navarrete recibieron amenazas desde un número internacional.
Casos de delincuencia y corrupción enfrentan riesgos
Ambos solicitaron mayor protección, ya que conocían causas relacionadas con el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. El Observatorio de Derechos y Justicia también registró amenazas de bomba, ataques armados y entrega de panfletos intimidatorios en instalaciones judiciales. Esto se registró en provincias como Pichincha, El Oro, Guayas, Santa Elena y Manabí.
Estos incidentes ocurren en un contexto de escalada de violencia en Ecuador, atribuida al crimen organizado y al narcotráfico. Durante 2025, el país ha enfrentado un aumento significativo en homicidios, con provincias costeras como Manabí y Guayas como las más afectadas. Organismos internacionales, como la ONU, han expresado preocupación por la vulnerabilidad de operadores de justicia, destacando que tales ataques socavan la independencia judicial y el estado de derecho.
El Observatorio enfatiza que los funcionarios involucrados en casos de delincuencia organizada y corrupción enfrentan mayores riesgos. Autoridades como el Consejo de la Judicatura y la Corte Nacional de Justicia han condenado estos actos y demandado investigaciones exhaustivas, así como medidas de protección efectivas para garantizar el funcionamiento del sistema judicial. (17)
