La concejal Liliana Silva inició una acción constitucional de Acceso a la información pública en Santo Domingo para obligar al Municipio de Santo Domingo a entregar información pendiente desde 2024 sobre el proyecto de ciclovías.
La concejal Liliana Silva presentó este 2 de diciembre de 2025 una acción constitucional de acceso a la información pública en Santo Domingo, debido a la falta de respuestas del Municipio sobre el proyecto de ciclovías ejecutado desde 2021, cuyo monto de inversión y estudios técnicos no han sido entregados pese a solicitudes realizadas desde julio de 2024.
Demora en la entrega de información solicitada por la concejal
La concejal Liliana Silva explicó que la solicitud inicial de información se realizó el 24 de julio de 2024, dirigida al GAD Municipal. Según indicó, ha transcurrido un año y seis meses sin que la administración entregue la documentación completa requerida para su labor de fiscalización. La última insistencia, presentada el 21 de mayo de 2025, tampoco obtuvo respuesta.
Silva afirmó que el atraso constituye una negativa absoluta e impide que cumpla su responsabilidad de fiscalizar, una competencia establecida en el artículo 58 del COOTAD, que obliga a las y los concejales a precautelar el uso de los recursos públicos.
La información solicitada incluye copias certificadas del estudio técnico y el monto de inversión del proyecto de ciclovías implementado en el cantón. La funcionaria señaló que esta documentación es clave para evaluar el uso de fondos públicos y la calidad del proyecto.
Preocupación por denuncias ciudadanas y fallas del proyecto
La concejal recordó que las ciclovías presentaron problemas desde su ejecución. En una de sus fases inauguradas en 2021, ubicada en la avenida Tsáchila, la inversión alcanzó los USD 380.000, y experimentó deterioro apenas dos meses después. Silva indicó que no puede confirmar el total invertido en el resto del proyecto porque el Municipio no ha revelado la cifra. No obstante, aseguró que podrían ser montos más altos, razón por la que exige la documentación oficial.
Además, señaló que algunas ciclovías fueron retiradas por falta de estudios adecuados y que en varios tramos no resultaron funcionales. Según la concejal, estos hechos evidencian posibles problemas de planificación, ausencia de sustentos técnicos y ejecución sin una partida presupuestaria detallada.
Competencia de la Empresa de Tránsito y falta de respuestas
El proyecto está bajo la administración de la Empresa Pública Municipal de Transporte, cuyo gerente debía responder los oficios remitidos por el alcalde Wilson Erazo. Sin embargo, Silva denunció que la entidad tampoco ha entregado información y que varios trámites se encuentran sin respuesta o con demoras prolongadas.
Indicó que, para este proceso, se han presentado cinco insistencias formales, todas sin resultados. Por ello, aseguró que solo mediante una acción constitucional podrá avanzar con la fiscalización del proyecto.
Fundamentos legales expuestos por el equipo jurídico
El abogado Marcelo Rivera, quien acompaña la acción jurídica, señaló que la Constitución del Ecuador en sus artículos 86 y 91, así como la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, respaldan el derecho ciudadano a solicitar y recibir información pública. También recordó que la LOTAIP obliga a las entidades públicas a entregar información en un plazo máximo de 10 días, prorrogables por 15 adicionales con justificación.
Rivera afirmó que, según la normativa, solo puede negarse información catalogada como clasificada o secreta por motivos de seguridad pública, lo cual no aplica a la documentación solicitada.
