La Fiscalía General de El Salvador informó que 248 integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) fueron condenados a penas acumuladas de 1.335 años de prisión por delitos cometidos entre 2014 y 2022, en distintas zonas del país, que dejaron más de 150 víctimas, según un comunicado oficial.
Detalle de los delitos juzgados
De acuerdo con la Fiscalía, las sentencias abarcan 43 homicidios agravados, 42 desapariciones, tres casos de feminicidio, 86 extorsiones, 29 conspiraciones para cometer homicidio y más de 30 delitos vinculados al tráfico ilegal de estupefacientes. Las condenas se dictaron tras investigaciones que documentaron la operación sostenida de estructuras criminales durante ocho años.
El Ministerio Público indicó que los procesados instalaron bases en diversos sectores, utilizadas para planificar actividades delictivas dentro de su jurisdicción. Entre las prácticas investigadas figura la extorsión sistemática a comerciantes, a quienes se exigían pagos periódicos bajo amenazas contra su integridad y la de sus familias. Según la Fiscalía, algunas víctimas cerraron sus negocios ante el temor generado por estas intimidaciones.
Las investigaciones también establecieron mecanismos de coordinación interna para ejecutar hechos violentos y sostener economías ilícitas, lo que permitió sustentar cargos por conspiración y delitos asociados al narcotráfico.
Casos emblemáticos de El Salvador
Entre los hechos juzgados se encuentra la desaparición y posterior homicidio de los hermanos Karen y Eduardo Guerrero Toledo, así como la desaparición y feminicidio de la futbolista Claudia Jimena Granados, entre otros casos considerados por la Fiscalía como representativos del impacto de la estructura criminal en las comunidades afectadas.
Las autoridades subrayaron que la acumulación de penas responde a la pluralidad de delitos y víctimas acreditadas en juicio, conforme a la legislación penal vigente. El fallo, añadió la Fiscalía, se apoya en pruebas documentales, testimoniales y periciales recolectadas durante el proceso.
Políticas de El Salvador
La resolución judicial se enmarca en las políticas de seguridad impulsadas por el presidente Nayib Bukele, orientadas a reducir homicidios y delitos asociados a pandillas. Desde la implementación de estas medidas, más de 90.000 personas han sido arrestadas, de acuerdo con cifras oficiales.
El Gobierno sostiene que la estrategia ha contribuido a disminuir los índices de criminalidad; en contraste, organizaciones de derechos humanos han expresado críticas por presuntas vulneraciones a garantías procesales durante los operativos. La Fiscalía, por su parte, afirmó que las condenas anunciadas se produjeron dentro del marco legal y tras procesos judiciales.
Alcance del fallo
Con este caso, la Fiscalía resaltó el alcance de las investigaciones contra estructuras de la MS-13 y la aplicación de penas proporcionales a la gravedad de los delitos probados. Las autoridades señalaron que los procesos continúan abiertos contra otras células y que se mantienen líneas de investigación activas para esclarecer hechos pendientes.
