La Defensoría del Pueblo de Guayas anunció el inicio de una investigación por una posible vulneración del derecho a recibir servicios públicos de calidad en Guayaquil.
El organismo actuará tras las recientes declaraciones del Gobierno Nacional sobre supuesta contaminación del agua potable con “caca, detergente, aluminio, plomo y cobre”.
Según el pronunciamiento oficial, el aluminio supera los límites permitidos, mientras también existiría zinc, manganeso, cromo, nitritos y sulfuros. Estas afirmaciones encendieron la polémica en la ciudad, donde miles de familias dependen del servicio diario de agua distribuido por Interagua.
Reacción del Municipio de Guayaquil y de Interagua
El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, rechazó de inmediato los señalamientos del Ejecutivo sobre la contaminación del agua en Guayaquil. La concesionaria Interagua aseguró que el líquido que se produce y distribuye “cumple rigurosamente con todos los estándares de calidad establecidos en la normativa nacional y las recomendaciones internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”.
El municipio insistió en que el servicio es monitoreado de forma permanente y que los controles garantizan su inocuidad y potabilidad. La disputa ha generado preocupación entre los ciudadanos, que exigen transparencia y certeza sobre la calidad del agua que consumen a diario.
Contaminación del agua en Guayaquil: Defensoría del Pueblo exigirá reportes técnicos
El delegado provincial Gonzalo Ortega informó que la Defensoría del Pueblo seguirá un proceso formal para determinar posibles afectaciones a derechos fundamentales. Destacó que el acceso a agua potable segura se relaciona directamente con el derecho a la salud y a una vida digna.
“La vida digna incluye ‘la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios básicos necesarios’”, explicó Ortega a diario El Universo. El funcionario enfatizó que la investigación busca proteger esos principios.
La Defensoría del Pueblo solicitará informes detallados sobre los análisis de calidad del agua a la Agencia de Regulación y Control del Agua (ARCA), la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (Arcsa) y Emapag.
Las notificaciones se enviarán este lunes 10 de noviembre del 2025 para recopilar datos técnicos y verificar la veracidad de las denuncias.
De acuerdo con la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, el proceso pretende garantizar servicios públicos óptimos, transparentes y seguros para la ciudadanía guayaquileña. El informe final permitirá definir responsabilidades y posibles medidas correctivas si se confirma la contaminación del agua en Guayaquil.
