El presidente Gustavo Petro acusó al expresidente de Estados Unidos Donald Trump de calumniar, interferir e impulsar la violencia tras los recientes ataques lanzados por fuerzas estadounidenses en el mar Caribe. Estos ataques han dejado más de 60 muertos. Petro aseguró que las operaciones se justifican bajo una campaña de “narcoterrorismo”, pero calificó estas acciones de “mentiras, violencia e injerencia”.
El mandatario colombiano también responsabilizó al secretario de Estado Marco Rubio, a quien tildó de “mentiroso”. Afirmó que ambos intentan humillar a Colombia mediante acciones militares encubiertas con fines políticos. “Mentiroso Trump y sus amigos, mentiroso señor Rubio. Lo que estáis matando no son narcotraficantes”, dijo Petro en la III Cumbre Social de los Pueblos de América Latina celebrada en Santa Marta.
Gustavo Petro: un ataque que dejó un pescador muerto
Las declaraciones de Petro se produjeron luego de la muerte de Alejandro Carranza, un pescador colombiano alcanzado por un misil durante una operación estadounidense. La operación fue contra presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe. Según el mandatario, Carranza era “un pescador pobre”, padre de dos hijos, y no tenía relación con el crimen organizado.
“Hubiera sido pez lo que llevaba o cocaína, él no tenía pena de muerte y no tenían por qué haberlo asesinado”, denunció el presidente colombiano. Exigió respeto por los Derechos Humanos. Petro insistió en que nadie puede afirmar que Carranza pertenecía a redes de narcotráfico.
Tensión diplomática entre Bogotá y Washington
El incidente ocurre en medio de una creciente tensión diplomática entre Bogotá y Washington. Esta tensión se ha agravado por las recientes sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra Petro, su esposa y su hijo. Desde Washington se acusa al mandatario de permitir que Colombia se convierta en una “guarida de drogas”.
El Gobierno colombiano reprochó que las operaciones militares estadounidenses en el Caribe y el Pacífico se desarrollan sin autorización judicial. Esto vulnera tratados internacionales y derechos fundamentales. La Cancillería reiteró su disposición al diálogo, pero exigió respeto por la soberanía nacional y la vida de los ciudadanos.
