El riesgo país de Ecuador ha experimentado un drástico giro en las últimas dos semanas. Esto ha borrado el optimismo que lo llevó a su punto más bajo en meses. El indicador, que el pasado 15 de septiembre se ubicaba en 672 puntos, cerró la jornada del 29 de septiembre en 733 puntos. Este incremento de 61 unidades es un reflejo directo de la creciente incertidumbre política y social que atraviesa el país. Es catalizada por la eliminación del subsidio al diésel y el consecuente paro nacional convocado por la Conaie.

La confianza de los mercados internacionales es un termómetro sensible y, en este caso, su lectura es clara. La conflictividad social ha elevado la percepción de inestabilidad, encareciendo el costo del financiamiento para Ecuador. Además, ha encendido las alarmas sobre la gobernabilidad y la sostenibilidad del plan económico del Gobierno.

¿Qué es el riesgo país y cómo se calcula?

El riesgo país es un indicador que mide la probabilidad de que un Estado no cumpla con sus obligaciones financieras, especialmente el pago de su deuda externa. Es, en esencia, la sobretasa que un país debe pagar por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que se consideran los más seguros del mundo. Este indicador es emitido principalmente por la banca de inversión internacional, como JP Morgan, a través de su índice EMBI (Emerging Markets Bond Index) o Índice de Bonos de Mercados Emergentes.

Las principales características o factores considerados para su cálculo incluyen: la estabilidad política y económica del país, el nivel de deuda pública, la capacidad de pago, la solidez de sus instituciones, el entorno macroeconómico (inflación, crecimiento del PIB) y, crucialmente en el caso ecuatoriano, la paz social y la gobernabilidad. Un riesgo país alto implica mayores dificultades y costos para acceder a nuevos créditos, tanto para el sector público como para el privado.

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Del optimismo a la incertidumbre en dos semanas

El pasado 15 de septiembre, el riesgo país alcanzó un mínimo de 672 puntos, un nivel que no se veía en meses. Esta cifra reflejaba la confianza de los inversores en la disciplina fiscal del gobierno de Daniel Noboa y en los acuerdos alcanzados con organismos multilaterales. Un indicador a la baja se traduce en mejores condiciones de crédito para el Estado y el sector privado. También es una señal positiva para la atracción de inversiones extranjeras.

Sin embargo, ese optimismo se disipó rápidamente con el anuncio de la eliminación del subsidio al diésel. Aunque el Ejecutivo defiende la medida como un paso necesario para sanear las finanzas públicas y redirigir recursos, su implementación fue un cálculo político de alto riesgo. La decisión generó una reacción inmediata de los sectores sociales, principalmente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), que la calificó como un golpe a la economía de las familias más vulnerables.

El paro nacional como catalizador del alza del riesgo país

La respuesta a la medida no se hizo esperar. El 22 de septiembre inició el paro nacional indefinido, con bloqueos de vías que se intensificaron a lo largo de la semana. Esta paralización, que hoy cumple ocho días, es el principal factor detrás del alza del riesgo país. Los mercados internacionales interpretan las protestas y la confrontación como una amenaza directa. Esto afecta a la estabilidad económica y a la capacidad del Gobierno para implementar su agenda.

El impacto económico del paro ha sido devastador. La Cámara de Industrias y Producción (CIP) ha reportado pérdidas superiores a los 42 millones de dólares solo en las provincias del norte. Sectores productivos clave, como el floricultor, han calificado la situación de «insostenible». Cosechas enteras están en riesgo de perderse por la imposibilidad de transportarlas a los aeropuertos. El desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustible en varias localidades agrava la crisis. Esto afecta no solo a la producción, sino también a la vida cotidiana de la ciudadanía.

La postura del Gobierno de Ecuador y la percepción de los mercados

La postura del gobierno de Daniel Noboa ha sido dual. Por un lado, ha hecho un llamado al diálogo, pero por otro, ha mantenido una posición firme en contra de los bloqueos y los actos de violencia. Ha autorizado a la fuerza pública a despejar las vías. Si bien esta firmeza busca proyectar una imagen de control, la falta de una solución rápida y negociada es lo que genera nerviosismo en los mercados. La lamentable muerte de una persona en Cotacachi durante las manifestaciones ha añadido una dimensión trágica. Esto ha elevado la tensión social.

El riesgo país en 733 puntos significa que Ecuador tendría que pagar tasas de interés más altas si quisiera buscar financiamiento en los mercados internacionales. Es una prima de seguro que los inversores exigen para prestarle a un país cuya capacidad de pago se percibe como más riesgosa debido a la inestabilidad interna. Este encarecimiento del crédito afecta a toda la economía, desde los grandes proyectos estatales hasta los préstamos para pequeñas y medianas empresas.

En definitiva, la breve ventana de optimismo de mediados de septiembre se ha cerrado. La evolución futura del riesgo país dependerá directamente de la capacidad del Gobierno para desactivar el conflicto social. Restablecer el orden y demostrar a los inversores que su plan económico puede sortear la presión política es clave. El diálogo, exigido por la Conaie y ofrecido por el Ejecutivo, se presenta como la única salida viable. Esto es necesario para que el indicador de confianza vuelva a una senda positiva y se eviten mayores consecuencias para la economía ecuatoriana.