El Tribunal de Garantías Penales Especializado para el juzgamiento de delitos relacionados con corrupción y crimen organizado ha resuelto adelantar la audiencia de juicio en el caso Triple A, en el que se investiga al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, junto con otras 21 personas naturales y jurídicas. La decisión, basada en el principio de celeridad procesal y alineada con la agenda del tribunal, reprograma la diligencia originalmente prevista entre el 21 de enero y el 1 de febrero de 2026 para iniciarse el 24 de diciembre de 2025, un día antes de Navidad. Esta medida fue notificada por el juez ponente Jorge Sánchez Pico, y el proceso se llevará a cabo de manera presencial en el Complejo Judicial Norte de Quito.
El juzgamiento involucra la presunta comisión del delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de petróleo, tipificado en el artículo 264 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Según la Fiscalía General del Estado, el caso analiza la relación irregular de seis personas jurídicas con distribuidoras de combustible, donde se habrían comercializado grandes volúmenes de diésel y gasolina de forma no autorizada. Las pericias incorporadas al expediente estiman un perjuicio económico de 61’502.658,39 dólares, correspondiente a 22’777.191,80 galones de combustible involucrados.
Detalles del tribunal y sesiones programadas
El tribunal está integrado por los jueces Jorge Sánchez Pico, Christian Fierro Fierro y Carlos Serrano Lucero. Las sesiones se realizarán los días 24, 28, 29 y 30 de diciembre de 2025, a partir de las 8h30, en instalaciones judiciales de Quito. Esta reprogramación busca agilizar el proceso judicial en un contexto de alta carga de casos relacionados con corrupción y crimen organizado en Ecuador.
El delito contemplado en el artículo 264 del COIP es una figura penal relativamente nueva, vigente desde el 20 de junio de 2020, con poco más de cinco años de aplicación en el sistema jurídico ecuatoriano. Las penas varían según la escala del ilícito: desde dos meses hasta cinco años de privación de libertad. En casos de alta o gran escala, como el alegado por la Fiscalía en Triple A, las sanciones pueden alcanzar los cinco años de prisión. Adicionalmente, para personas jurídicas responsables, la norma prevé medidas como la clausura temporal de la empresa y la inhabilitación de socios o accionistas. Con el objetivo de disuadir prácticas irregulares en el sector de hidrocarburos.
Respuesta del alcalde Alvarez
Tras la notificación del adelanto, el alcalde Aquiles Alvarez confirmó su asistencia a la audiencia a través de su cuenta en la red social X. En un mensaje público, expresó su intención de enfrentar el proceso y rechazó los señalamientos en su contra, afirmando: “Vamos con todo, como siempre. Cero miedo”. En el mismo post, criticó al Gobierno nacional y a las autoridades involucradas en el impulso del caso. Aunque sin especificar detalles adicionales sobre las acusaciones.
La fiscal Ivonne Proaño, la misma que enfrenta múltiples cuestionamientos y cuya destitución se pide por graves irregularidades, hoy actúa desde la desesperación. Pretende allanar y amedrentar a nuestros abogados antes de la audiencia del 24 de diciembre. No nos intimida.…
— Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) December 14, 2025
Alvarez alertó sobre posibles allanamientos a los estudios jurídicos de sus abogados. Atribuyéndolos a intentos de amedrentamiento por parte de la fiscal de Pichincha, Ivonne Proaño. “Allane nomás, señora fiscal. Estamos atentos”, escribió en redes sociales, sugiriendo que estas acciones podrían interferir en su defensa días antes del inicio del juicio.
El abogado Ramiro García, parte del equipo legal del alcalde, confirmó que hasta el mediodía del 14 de diciembre de 2025 no se había ejecutado ningún allanamiento. Pese a tener conocimiento de una solicitud en ese sentido. García calificó la posible medida como una estrategia para “dejar sin defensa y sin vocería” a Alvarez en el contexto del caso Triple A, y enfatizó. “No hay razones para un allanamiento”.
