El juez Jairo Alejandro García ordenó dejar sin efecto el congelamiento de las cuentas bancarias de 16 organizaciones sociales y dirigentes de la provincia del Azuay, que permanecían inmovilizadas desde septiembre. Esta decisión impacta directamente a colectivos que habían sufrido esta medida desde el 16 de septiembre de 2025. El proceso se revisó mediante una audiencia virtual el jueves 6 de noviembre. En esta audiencia se expusieron manifestaciones a favor y en contra.
Los abogados de las organizaciones sociales, entre ellas la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Fundación Pueblo Indio y la Fundación Pachamama, solicitaron la derogación de la medida. Por su parte, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) defendieron el congelamiento de esos fondos. Utilizaron argumentos basados en informes reservados e información clasificada.
Argumentos en la audiencia judicial
El abogado y activista Yaku Pérez, defensor de Lizardo Zhagüi, jefe de la Junta de Agua de Tarqui, declaró que la UAFE y el CNI no demostraron razones suficientes para mantener la inmovilización de las cuentas. Según Pérez, la medida se sustentó en información clasificada que no se mostró públicamente. Además, vulneraba derechos legales fundamentales como el debido proceso y la propiedad.
“No existieron elementos fácticos para justificar la inmovilización. Ninguno de los implicados recibió notificación formal, lo que atenta contra principios básicos del derecho”, señaló Pérez a diario El Universo. El abogado también afirmó que, pese a esta liberación de cuentas, la Fiscalía General continúa con la investigación penal sobre enriquecimiento privado no justificado. Esta investigación se dirige contra estos grupos y dirigentes sociales.
Impacto en los movimientos sociales y contexto nacional
El activista indicó que el congelamiento buscaba intimidar y frenar las movilizaciones por el agua en Cuenca y el paro nacional convocado por estas organizaciones. Esta resolución judicial se suma a la similar decisión del juez Vicente Fernando Hidalgo, quien desbloqueó las cuentas bancarias de tres colectivos amazónicos: Alianza Ceibo, Udapt y Pakkiru.
En el contexto del paro de la Conaie que duró un mes contra el Gobierno de Daniel Noboa, que involucró el congelamiento de las cuentas de más de 50 organizaciones sociales, la portavoz de Carondelet, Carolina Jaramillo, aclaró que se trata de una medida cautelar judicial. Según Jaramillo, estas decisiones nacen de reportes de operaciones financieras inusuales. Además, no están bajo el control directo de la Presidencia, sino de la justicia.
