La Superintendencia de Protección de Datos de Ecuador (SuperDatos) anunció que inició una investigación de oficio por el “Registro Nacional de Infieles” (RNI). Se trata de la viralización de un archivo en formato Excel que contiene nombres, apellidos, profesiones y otros datos de miles de personas, en el documento se exponen presuntas conductas de infidelidad de cientos de personas, especialmente hombres.
La entidad calificó la práctica como una “exposición indebida de información” que vulnera directamente el derecho fundamental a la protección de datos personales. Aquello está consagrado en la Constitución y en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD). Aunque el documento se presenta con fines “recreativos” o de denuncia anónima, su difusión puede generar responsabilidad civil y penal.
Superintendencia de Protección de Datos hizo un llamado
Una posible sanción o sentencia podría recaer en quien lo creó como para quienes lo comparten o consultan. La Superintendencia de Protección de Datos evalúa actualmente el alcance, impacto y origen del archivo para identificar a los posibles responsables. La institución exhortó a la ciudadanía a abstenerse de participar de la dinámica: “No reenviar, no consultar ni aportar información a este tipo de listas evita seguir vulnerando derechos y posibles sanciones”.
El archivo, que circula principalmente en WhatsApp, Telegram y algunas páginas web, funciona como documento colaborativo editable. Incluye principalmente estudiantes universitarios, médicos, ingenieros y profesores; en cambio, los abogados aparecen en contados casos. En el listado no figuran nombres de periodistas. Muchas inscripciones se realizan en tono de broma o como venganza personal, sin verificación alguna.
Se trata de un delito de acción pública en Ecuador
La difusión masiva ha generado alarma social y múltiples denuncias. Expertos coinciden en que la publicación configura, entre otros, el delito de violación a la intimidad previsto en el artículo 178 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). En este se castiga la divulgación sin consentimiento de datos personales capaces de identificar a una persona. Se trata de un delito de acción pública, por lo que la Fiscalía General del Estado puede actuar de oficio.
La pena establecida va de uno a tres años de prisión. Además, las víctimas pueden interponer acciones civiles por daños y perjuicios, así como denuncias ante la misma Superintendencia. Se puede exigir la eliminación inmediata del contenido y eventuales multas administrativas que, según la gravedad, pueden superar los 20 salarios básicos unificados.
Autoridades recuerdan que compartir o consultar esta lista, incluso “por curiosidad”, puede implicar responsabilidad solidaria. Aún se desconoce el origen exacto del documento ni la identidad de sus creadores iniciales han sido establecidos. La Superintendencia mantiene abierta la investigación y no descarta sanciones si se comprueba la participación de plataformas o grupos organizados en la propagación del archivo.
