El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que no es necesario el visto bueno del Congreso para que Washington ejecute un ataque terrestre en territorio venezolano contra cárteles de la droga, en medio de un escenario de creciente tensión política y diplomática entre ambos países. Las declaraciones se realizaron desde el Despacho Oval, tras consultas de la prensa sobre el alcance de sus facultades como comandante en jefe.

El mandatario sostuvo que no tiene obligación de informar previamente al Legislativo sobre una eventual operación militar. “No me importaría decírselo, no es para tanto y no tengo por qué decírselo. Eso está probado”, expresó. Añadió que su mayor inquietud sería la filtración de información sensible, al criticar que algunos políticos “realizan filtraciones como si tuviesen un colador”.

Declaraciones presidenciales y reacción política

Las palabras de Trump se produjeron luego de que legisladores demócratas de la Cámara de Representantes presentaran dos resoluciones sobre poderes de guerra, en respuesta a la postura de la Casa Blanca frente a Venezuela. Las iniciativas buscan reforzar el papel del Congreso en decisiones relacionadas con el uso de la fuerza militar fuera del territorio estadounidense.

Estas resoluciones se apoyan en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que establece que el presidente debe consultar al Congreso “en todos los casos posibles” antes de involucrar a las Fuerzas Armadas en hostilidades. La normativa solo contempla excepciones en situaciones de declaración de guerra o cuando exista una autorización específica del Congreso.

Marco legal y límites al uso de la fuerza

El debate reaviva una discusión histórica en Estados Unidos sobre el equilibrio de poderes entre el Ejecutivo y el Legislativo en materia de seguridad nacional. Mientras la Casa Blanca argumenta que el presidente tiene facultades amplias para responder a amenazas inmediatas, sectores del Congreso insisten en el respeto estricto de los mecanismos de control previstos en la ley.

En este contexto, las resoluciones presentadas por los demócratas buscan dejar constancia formal de que cualquier acción militar contra Venezuela debería contar con autorización previa del Congreso, especialmente si se trata de operaciones terrestres prolongadas y no de acciones defensivas inmediatas.

Medidas contra Venezuela y escalada de tensiones

Las declaraciones de Trump también se enmarcan en una serie de decisiones recientes de su Administración, entre ellas la declaratoria del Gobierno venezolano como “organización terrorista” y el bloqueo total de la flota petrolera venezolana. Estas medidas han intensificado el enfrentamiento bilateral y han generado nuevas reacciones en el ámbito legislativo estadounidense.

Washington ha vinculado estas acciones a su estrategia contra el narcotráfico y a supuestas actividades ilícitas atribuidas a estructuras estatales venezolanas. Caracas, por su parte, ha rechazado las acusaciones y ha calificado las medidas como una violación a su soberanía.

Presupuesto de Defensa y control legislativo

En paralelo a este debate, el Congreso de Estados Unidos aprobó el presupuesto anual de Defensa, que incluye disposiciones relacionadas con operaciones contra el narcotráfico en el Caribe. Una de ellas exige que el Pentágono comparta con los congresistas imágenes de ataques contra presuntas narcolanchas en aguas caribeñas.

El paquete legislativo también limita el presupuesto para viajes del secretario de Defensa, Pete Hegseth, hasta que las comisiones de Servicios Armados de la Cámara de Representantes y del Senado reciban las imágenes sin editar de los supuestos ataques. La medida busca reforzar la supervisión parlamentaria sobre operaciones militares vinculadas a la lucha antidrogas.

Debate abierto sobre atribuciones presidenciales

El cruce entre la Casa Blanca y el Congreso evidencia un debate abierto sobre el alcance de las atribuciones presidenciales en política exterior y defensa. Mientras Trump sostiene que puede actuar sin autorización legislativa previa, los demócratas insisten en que la ley exige consultas obligatorias.

Este escenario anticipa una discusión prolongada en el ámbito político y jurídico estadounidense. En la que se definirá el rol del Congreso frente a eventuales acciones militares en Venezuela y el marco legal que regirá futuras decisiones de seguridad en la región.