La Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social aprobó el informe de fiscalización a los contratos de Celec EP con Progen Industries y Austral Technical Management (ATM).
El documento de 80 páginas analiza la provisión de generadores eléctricos para los proyectos de Quevedo y El Salitral, sin asignar responsabilidades políticas a autoridades públicas.
Durante la sesión virtual del viernes 19 de diciembre, presidida por la asambleísta de ADN Diana Jácome, se registraron discrepancias entre oficialismo y correísmo. Los legisladores del oficialismo votaron a favor, mientras que la Revolución Ciudadana criticó la falta de determinación de responsabilidades.
Informe de fiscalización y recomendaciones
El informe concluye que las contrataciones emergentes para la generación eléctrica en El Salitral, Quevedo y Esmeraldas no presentan incumplimientos atribuibles a autoridades públicas.
Asimismo, la Contraloría General del Estado ya estableció responsabilidades administrativas y civiles culposas, con indicios de responsabilidad penal investigados por la Fiscalía General del Estado.
La comisión recomendó remitir el informe a los organismos de control competentes para ejecutar las acciones legales pertinentes. También propuso que las investigaciones penales y administrativas continúen, identificando a los presuntos responsables y garantizando sanción y reparación al Estado.
Antecedentes del caso Progen
El caso comenzó en marzo de 2025 con solicitudes de información al exgerente del Banco Central, Guillermo Avellán, por parte del exasambleísta Lenín Barreto.
La fiscalización se retomó bajo la presidencia de Diana Jácome, incluyendo comparecencias de Fabián Calero y Byron Orozco, ambos investigados por la Fiscalía. Los ministros Inés Manzano y Roberto Luque no asistieron a la comisión.
Investigación judicial y acciones internacionales
El caso se investiga por presunto peculado, conocido como caso Apagón, mientras el Estado ecuatoriano presentó demanda contra Progen en Estados Unidos.
El informe pasará a conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional, previa convocatoria de su titular Niels Olsen, para debate y seguimiento de las recomendaciones.
