El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos y Manabí. Esto debido al aumento sostenido de la violencia y la actividad delictiva en estas zonas. La medida busca enfrentar la crisis de seguridad, otorgando facultades especiales a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para realizar operativos y controlar la presencia de grupos armados organizados.
La declaratoria de este estado de excepción se fundamenta en el incremento alarmante de los índices de violencia y delitos, ante la prevalencia de un conflicto armado interno. La medida, vigente por 60 días, también contempla la suspensión de derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, con el objetivo de facilitar inspecciones y seguimiento a comunicaciones vinculadas con el crimen organizado.
Impacto de la violencia y el crimen organizado
El investigador Renato Rivera, de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado, explicó en el informativo NotiMundo que la violencia no ha disminuido pese a estados de excepción anteriores. Según sus datos, el país presenta un aumento del 45% en homicidios intencionales durante el primer semestre de este año respecto a 2024. Además, el 10% de estos homicidios se dan en masacres, donde mueren más de tres personas en cada evento.
Rivera señaló que la extradición de alias ‘Fito’ reconfiguró el panorama del crimen organizado, generando disputas violentas por el poder vacante. Esta situación ha provocado un promedio de 25 homicidios intencionales diarios. También destacó un cambio en las fuentes de financiamiento de estas organizaciones. Mientras antes predominaba el narcotráfico, ahora la extorsión y las vacunas criminales sostienen su economía.
Desafíos en la seguridad y estrategias a implementar
Asimismo, el especialista enfatizó la necesidad de una mejor coordinación entre las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, particularmente para controlar el uso de armas de fuego. Actualmente, nueve de cada diez homicidios tienen como causa principal el arma de fuego. La articulación de esfuerzos es fundamental para contener el avance del crimen organizado y reducir la violencia.
La suspensión del derecho a la inviolabilidad del domicilio permitirá que las autoridades realicen inspecciones sin requerir autorización judicial previa. De igual forma, el acceso a la correspondencia y comunicaciones facilitará la identificación y persecución de miembros de grupos armados. (07)