En un fallo que marca un precedente en materia de derechos financieros y ambientales, el juez Vicente Fernando Hidalgo, de la, ordenó el desbloqueo inmediato de las cuentas bancarias de tres colectivos amazónicos. La decisión, anunciada el miércoles 5 de noviembre en Quito, favorece a Alianza Ceibo, la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco (UDAPT) y PAKKIRU. Estas organizaciones promueven la defensa de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas.

La medida revoca el congelamiento ordenado el 6 de octubre, durante el paro nacional contra el Gobierno de Daniel Noboa. Se dio luego de una audiencia virtual de revisión de medidas cautelares efectuada en el Complejo Judicial Norte.

Defensas acreditan legalidad de los fondos

Durante la diligencia, las defensas demostraron que los recursos bloqueados provienen de cooperación internacional. Estos recursos estaban destinados a proyectos ambientales y de desarrollo comunitario. El abogado Pablo Fajardo, representante de UDAPT, explicó a diario El Universo que “todas nuestras cuentas son públicas, cumplen con las obligaciones del Servicio de Rentas Internas y tienen respaldo documental. No existe nada ilícito ni oculto”.

Según los argumentos presentados, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) había sustentado el bloqueo con un informe de inteligencia clasificado como “secreto”. Sin embargo, no notificaron ni presentaron evidencias previas a las organizaciones afectadas.

Falta de notificación y vulneración de derechos

Fajardo añadió que los colectivos nunca fueron notificados formalmente por la unidad judicial, la UAFE ni la Superintendencia de Bancos. Esto vulneró el derecho a la defensa. “Nos enteramos del congelamiento cuando las cuentas ya estaban bloqueadas”, señaló.

Ante estos argumentos, el juez Hidalgo dispuso la revocatoria inmediata de la medida cautelar. Además, exigió a la Superintendencia de Bancos confirmar su cumplimiento en un plazo máximo de tres días.

Contexto: medidas durante las protestas nacionales

El congelamiento de las cuentas ocurrió en el marco del paro nacional de octubre, que incluyó manifestaciones indígenas y sociales contra las políticas gubernamentales. Según cifras oficiales, más de 50 organizaciones y dirigentes enfrentaron bloqueos similares, basados en reportes de operaciones financieras inusuales detectadas por la UAFE.

La portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, explicó que estas medidas “no dependen del Ejecutivo, sino del sistema judicial”. Añadió que se trató de acciones precautelares derivadas de alertas financieras.

Denuncias ante la comunidad internacional

En un caso paralelo, la abogada Sonia Vera, defensora de la viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère, denunció ante organismos internacionales una presunta persecución política y étnica. Según informó, a pesar de una orden judicial del 31 de octubre que disponía el desbloqueo de las cuentas de su clienta, la medida no se ha ejecutado hasta la fecha.

Activismo y defensa ambiental en la Amazonía

Las organizaciones beneficiadas desarrollan su labor en zonas afectadas por la actividad petrolera histórica, como Sucumbíos y Orellana. En dichas zonas, comunidades locales aún enfrentan consecuencias de la contaminación. UDAPT representa a pobladores del área impactada por el caso Chevron-Texaco. Mientras que Alianza Ceibo y PAKKIRU destinan sus recursos al monitoreo ambiental, la capacitación comunitaria y la protección de nacionalidades indígenas como Waorani, Kichwa y Shuar.

Exigen transparencia en procesos judiciales

Durante la audiencia, el juez Hidalgo destacó la importancia de la transparencia y el debido proceso en medidas que afecten derechos colectivos y financieros. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) calificó los bloqueos como una forma de presión contra organizaciones sociales durante el paro de octubre.

Hasta el cierre de esta nota, la Superintendencia de Bancos no había emitido comunicado oficial sobre el cumplimiento del fallo. El desbloqueo permitirá a los colectivos retomar sus proyectos de protección ambiental, asistencia social y defensa de comunidades indígenas en la Amazonía ecuatoriana. Esta región es considerada vital para la biodiversidad y la mitigación del cambio climático.