Un Tribunal de Garantías Penales ha programado para el lunes 22 de diciembre la reinstalación de la audiencia de juzgamiento en el caso Las Malvinas, relacionado con el delito de desaparición forzada que involucra a 17 militares. El juez ponente José Jovanny Suárez Chávez convocó a las partes procesales para las 8h30 en la unidad judicial del Albán Borja, donde se espera la emisión del dictamen final. Esta diligencia marca el cierre de un proceso judicial iniciado tras la retención y posterior hallazgo de los cadáveres de cuatro menores en diciembre de 2024, en un contexto de presuntas violaciones a los derechos humanos durante operativos militares.
El caso se centra en la retención de Josué, Ismael, Saúl y Steven, ocurrida la noche del 8 de diciembre de 2024 en la avenida 25 de Julio, en el sur de Guayaquil. Los menores fueron abandonados desnudos en la zona de Taura, y sus cuerpos calcinados fueron encontrados el 24 de diciembre en un río cercano. De acuerdo con diario El Universo, la Fiscalía General del Estado acusa a los implicados de desaparición forzada, un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador, que busca esclarecer responsabilidades en acciones que vulneran la integridad y la vida de civiles, especialmente en escenarios de control de orden público.
Detalles de los acusados y evidencias presentadas por caso Las Malvinas
De los 17 militares procesados, 16 permanecen en prisión preventiva, mientras que uno enfrenta medidas cautelares alternativas. Durante las semanas previas, el juicio ha incluido la presentación de evidencias por parte de la Fiscalía, con la intervención de medio centenar de testigos y peritos. El agente fiscal Christian Farez ha enfatizado la solidez del proceso, respaldado por informes periciales y testimonios que detallan la secuencia de eventos desde la retención hasta el abandono de las víctimas.
En sus alegatos, la Fiscalía solicitó penas diferenciadas según el grado de participación. Para once militares clasificados como autores directos del delito, se requirió una condena de 34 años de prisión. Un teniente coronel, considerado cómplice, enfrenta una petición de siete años de reclusión. Además, cinco uniformados que se acogieron a la figura de cooperadores eficaces –una herramienta legal que permite reducción de penas a cambio de información relevante– podrían recibir solo 30 meses de prisión. Siempre que su colaboración sea validada por el tribunal.
#AHORA | #CasoMalvinas: se reinstala la audiencia de juzgamiento contra 17 militares, procesados por su presunta participación en el delito de #DesapariciónForzada. Las partes procesales continúan presentando sus alegatos de cierre. pic.twitter.com/jP07ZdgsJg
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) December 15, 2025
Posiciones de la defensa y contexto social
Los abogados defensores, entre ellos Jorge Haz y Jesús López, han cuestionado la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía. Han realizado observaciones sobre inconsistencias en los testimonios, particularmente en las versiones proporcionadas por los cooperadores eficaces, y han refutado su credibilidad. La defensa ha insistido en la ratificación de la inocencia de sus representados. Ellos han argumentando que las evidencias no demuestran una participación intencional en el delito de desaparición forzada.
El contexto del caso Las Malvinas se enmarca en un patrón de denuncias por abusos en operativos militares en Ecuador. Organizaciones de derechos humanos han documentado incidentes similares en zonas urbanas marginales. Según reportes de entidades como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos, estos eventos destacan la necesidad de reformas en protocolos de intervención para prevenir violaciones a los derechos de menores y civiles. El proceso judicial ha generado atención nacional. Esto, al involucrar a miembros de las Fuerzas Armadas en un delito grave que afecta la confianza pública en las instituciones de seguridad.
Manifestaciones y futuros procesos
Allegados de las víctimas, junto con grupos sociales y organizaciones de derechos humanos, han anunciado un plantón pacífico. Este se dará en los exteriores de la unidad judicial del Albán Borja el mismo lunes 22 de diciembre. Su objetivo es visibilizar la demanda de justicia y asegurar que los implicados reciban una pena acorde al delito.
Los familiares han expresado que su único pedido es evitar la impunidad. Sin embargo, adelantaron que, una vez emitida la sentencia por desaparición forzada, impulsarán un proceso paralelo por el asesinato de los cuatro menores (24).
