El Gobierno Nacional anunció la suspensión de los permisos y la licencia ambiental del proyecto minero Loma Larga, ubicado en la provincia de Azuay. El comunicado se emitió la tarde de este jueves mediante los canales oficiales de la Presidencia de la República de Ecuador. La decisión se produce tras varios días de intensas protestas lideradas por colectivos ecologistas, comunidades indígenas y ciudadanos de Cuenca. Exigen la cancelación definitiva del proyecto por su ubicación en zonas de recarga hídrica.
Esta medida representa un punto de inflexión en uno de los conflictos socioambientales más sensibles del país. Es también una victoria para los movimientos antimineros de la región. Estos han mantenido una lucha constante para proteger sus fuentes de agua. La suspensión frena, al menos temporalmente, el avance de un proyecto de extracción de oro, plata y cobre. Este proyecto ha generado una profunda división entre la política de desarrollo económico del gobierno central y la voluntad popular expresada en las urnas.
La empresa canadiense Dundee Precious Metals, a cargo del proyecto Loma Larga, aún no ha emitido un comunicado oficial sobre el alcance de la suspensión. Están por definir las implicaciones legales para sus operaciones. Mientras tanto, los activistas se mantienen vigilantes. Consideran la medida como un primer paso, pero insisten en que la única solución aceptable es la anulación permanente de la concesión minera.
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La presión social como detonante de la decisión
La suspensión de los permisos no es una decisión aislada. Es la consecuencia directa de una escalada de movilizaciones en Azuay durante la última semana. Miles de personas marcharon por las calles de Cuenca, y se registraron plantones y cierres viales simbólicos. Todo esto ocurrió en las inmediaciones del páramo de Kimsakocha, donde se asienta el proyecto Loma Larga. Las protestas fueron convocadas por organizaciones como la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Azuay (UNAGUA) y la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas (FOA). Tuvieron como principal consigna la defensa del agua y el respeto a la consulta popular de 2021.
En dicha consulta, más del 80% de los votantes del cantón Cuenca se pronunciaron en contra de la minería metálica a gran escala. Las zonas de recarga hídrica de los ríos Tomebamba, Yanuncay, Tarqui, Machángara y Norcay quedan afectadas. Los manifestantes argumentan que el proyecto Loma Larga viola este mandato popular. Creen que pone en riesgo el abastecimiento de agua para más de 600,000 personas en la región. La presión social, que incluyó la participación de estudiantes, académicos y autoridades locales, se volvió insostenible para el gobierno.
El trasfondo del conflicto en Loma Larga
El proyecto Loma Larga se ha convertido en un símbolo de la resistencia antiminera en Ecuador. Su ubicación, en el corazón de un ecosistema de páramo frágil y vital para el ciclo del agua, ha sido el principal punto de conflicto. Los estudios técnicos independientes y los testimonios de las comunidades locales alertan sobre los riesgos de contaminación. Hay presencia de metales pesados como el arsénico, el plomo y el cadmio. Esto es común en este tipo de explotación minera.
La lucha de las comunidades no es reciente. Durante más de una década, han presentado recursos legales, organizado marchas y llevado su reclamo a instancias nacionales e internacionales. La suspensión actual es vista por muchos como el resultado de esta persistencia. Sin embargo, también se enmarca en un debate nacional más amplio. Se discute sobre el modelo de desarrollo del país: por un lado, la necesidad del Estado de obtener ingresos a través de la minería para financiar el presupuesto nacional y, por otro, el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios y a proteger sus recursos naturales.
Incertidumbre sobre el futuro del proyecto
Aunque la suspensión ha sido celebrada por los colectivos antimineros, el futuro de Loma Larga sigue siendo incierto. El término «suspensión» implica que la medida podría ser temporal y reversible. Puede estar sujeta al cumplimiento de nuevas condiciones técnicas o sociales por parte de la empresa minera. Los líderes de las protestas ya han anunciado que se mantendrán movilizados. Exigen al gobierno que la suspensión se convierta en una cancelación definitiva, en cumplimiento con la voluntad popular expresada en la consulta de 2021.
Por su parte, el sector minero ha reaccionado con preocupación. Advierten sobre la inseguridad jurídica que este tipo de decisiones genera para las inversiones extranjeras en el país. En las próximas semanas, se espera un intenso debate legal y político. Este debate girará en torno al alcance de esta medida y el futuro no solo de Loma Larga, sino de toda la política minera del Ecuador.
