Carlos Cárdenas Zepeda, abogado y opositor al Gobierno de Daniel Ortega, fue hallado sin vida el pasado 29 de agosto tras permanecer 15 días detenido por la Policía Nacional de Nicaragua. Su fallecimiento, confirmado con la entrega del cuerpo a su familia en Managua, marca la segunda muerte de un opositor bajo custodia en una semana, generando nuevas denuncias de represión política en el país.

Segunda muerte de un opositor del Gobierno de Nicaragua en una semana

La organización Monitoreo Azul y Blanco (MAB) denunció que Carlos Cárdenas fue víctima de una modalidad de represión estatal que incluye captura, desaparición forzada y posterior entrega sin vida. El grupo documenta violaciones a los derechos humanos en Nicaragua y ha solicitado intervención urgente de organismos internacionales.

Cárdenas Zepeda había sido asesor jurídico de la Conferencia Episcopal de Nicaragua durante las protestas de 2018, y su vinculación con sectores críticos del gobierno lo convirtió en un blanco frecuente de persecución. Según el MAB, su arresto reciente se produjo sin orden judicial y sin notificación formal a sus familiares.

La noticia se produce solo días después de la muerte de Mauricio Alonso, también opositor, quien fue entregado sin vida a su familia tras permanecer más de un mes bajo custodia policial. Ambas muertes han encendido las alarmas sobre las condiciones de detención y el trato a los disidentes políticos en el país.

Patrón de represión tras las protestas de 2018

Desde las protestas antigubernamentales de 2018, que se prolongaron durante varios meses y dejaron cientos de muertos y detenidos, el Gobierno de Ortega ha sido señalado por aplicar métodos represivos sistemáticos contra la disidencia. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha registrado más de 200 detenciones arbitrarias relacionadas con actividades políticas.

Organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Amnistía Internacional, han advertido del deterioro de las libertades en Nicaragua, señalando la existencia de presos políticos, desapariciones forzadas y censura generalizada.

Además, se estima que desde diciembre de 2018, el Gobierno ha ordenado el cierre de más de 3.100 organizaciones civiles, muchas de ellas ligadas a la defensa de derechos y labores humanitarias. El endurecimiento de las medidas incluye el retiro de personerías jurídicas, confiscación de bienes y expulsión de ciudadanos críticos del país.

Aumento de la persecución religiosa y ruptura con el Vaticano

El caso de Cárdenas también refleja la tensión entre el Estado y la Iglesia católica. La Conferencia Episcopal de Nicaragua, con la que Cárdenas colaboró como asesor jurídico, ha sido objeto de múltiples restricciones, incluyendo la expulsión de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas públicas y el rompimiento de relaciones diplomáticas con el Vaticano, tras declaraciones críticas del Papa Francisco.

Las autoridades nicaragüenses han calificado a varios miembros del clero como actores políticos desestabilizadores, mientras que distintas diócesis han denunciado vigilancia, restricciones y arrestos arbitrarios. El MAB señala que esta persecución forma parte de un plan más amplio para eliminar la capacidad de organización social y acallar voces influyentes en la sociedad civil.

Llamado internacional ante la crisis en Nicaragua

El MAB ha exigido una respuesta urgente por parte de la comunidad internacional, incluyendo la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para detener lo que califican como un patrón de asesinatos políticos.

Diversas misiones diplomáticas han expresado su preocupación por los recientes fallecimientos bajo custodia, y se espera que el tema sea abordado en próximos foros regionales. Mientras tanto, la familia de Carlos Cárdenas Zepeda no ha emitido declaraciones públicas, y aún se desconocen las causas oficiales de su muerte.