La bancada de Revolución Ciudadana (RC) anunció este 17 de diciembre de 2025 que presentará un recurso de acceso a la información pública y una resolución ante el pleno de la Asamblea Nacional para levantar la confidencialidad de un acuerdo comercial entre la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) y la empresa estadounidense HealthBird. El objetivo es obtener detalles sobre una aplicación tecnológica bajo esquema de piloto, valorada en $37,7 millones, que involucra datos de afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
La legisladora Viviana Veloz (RC) lideró el anuncio, argumentando la necesidad de fiscalizar posibles irregularidades en el manejo de fondos públicos y datos sensibles. Esto ocurre en medio de cuestionamientos sobre la existencia real de la empresa en Ecuador y acusaciones de corrupción, en un contexto donde el Gobierno busca modernizar sistemas de salud.
De acuerdo con diario El Universo, el lead del caso se centra en las acciones de la RC para transparentar el acuerdo. Veloz sostuvo que la empresa HealthBird carece de domicilio real en Ecuador, verificado tras revisar datos de la Superintendencia de Compañías. Afirmó que el acuerdo pretendía asignar $37,7 millones de fondos de trabajadores y jubilados a una “empresa fantasma”, con posibles prestanombres o testaferros entre sus accionistas, gerentes y presidente, quienes no registran vida tributaria en el país. La legisladora destacó dos aspectos críticos: el riesgo de corrupción al entregar recursos de afiliados y la cesión de datos personales sensibles a una entidad inexistente.
La Superintendencia de Compañías respondió a nuestro pedido de información sobre HealthBird. En sus registros consta una dirección, fuimos a verificarla: ahí nunca existió. No tenía oficina ni presencia real en nuestro país. Aun así, el gobierno y la cúpula del IESS pretendían… pic.twitter.com/S4jVVZvKIF
— Viviana Veloz (@VivianaVelozEc) December 15, 2025
Respuesta del oficialismo al anuncio opositor
En respuesta, el legislador Andrés Castillo (ADN), del sector oficialista, minimizó las acciones de la RC como un “show mediático”. Indicó que el Gobierno prioriza mejorar las condiciones de salud mediante sistemas informáticos para agendamiento de citas y control de inventarios de medicinas. Castillo acusó a la RC de interesarse en mantener “mafias” en los hospitales y afirmó que no se prestará a espectáculos. Subrayó que la Contraloría es la entidad responsable de identificar responsabilidades administrativas y que su informe preliminar confirma la ausencia de contrato y erogación de fondos en el caso HealthBird.
Castillo detalló que solo se realizó un pago de $111.000 por licencias de software para agendamiento de citas. Esto en posesión del Estado y en operación. “Nunca existió un contrato, nunca hubo erogación de recursos”, enfatizó. Invitó a la RC a fiscalizar, pero rechazó involucrarse en debates innecesarios.
Detalles de las peticiones de la Revolución Ciudadana
Veloz explicó que la RC solicitó información al Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), IESS, CNT y Servicio de Rentas Internas (SRI), sin respuestas pese a vencidos los plazos establecidos en el artículo 75 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por ello, presentarán una acción judicial para que un juez ordene la entrega de datos. Además, invocando el artículo 18 de la Ley Orgánica de Transparencia, propondrá al pleno levantar la reserva declarada por el Gobierno por 15 años sobre el acuerdo. Que habría involucrado un desembolso inicial de $220.000. “Si no existe contrato ni desembolso, no hay razón para temer la verdad”, señaló.
La legisladora advirtió sobre posibles delitos como peculado y tráfico de influencias, comparando el caso con “Progen 2.0 de la salud”. Anunció que agotarán instancias legislativas antes de acciones ante la Fiscalía General del Estado. Recordó que el presidente de la República promovió en noviembre de 2025 esta iniciativa como solución tecnológica para la modernización de la salud.
Explicaciones del gerente de CNT sobre el acuerdo
Por su parte, el gerente general de CNT, Ronald Spina, en una entrevista con TC Televisión, aclaró que el IESS solicitó un sistema de administración hospitalaria para nómina, funciones hospitalarias y gestión de medicamentos, con potencial ahorro de $400 millones.
Sin embargo, el acuerdo no se concretó porque HealthBird optó por salir del país ante cuestionamientos periodísticos y políticos. Spina insistió en que no existe contrato, respaldado por un examen preliminar de la Contraloría solicitado por una asambleísta. Confirmó el pago de $111.000 por licencias de tecnología entregadas y facturadas, ya en uso para desarrollos estatales.
