El Gobierno de Ecuador alcanzó un acuerdo con organizaciones indígenas de Imbabura para suspender las protestas. Estas protestas durante 24 días paralizaron la provincia, tras la eliminación del subsidio al diésel decretada por el presidente Daniel Noboa el 12 de septiembre. El anuncio fue realizado por el ministro del Interior, John Reimberg, junto a representantes de la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac) y la Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (FICI). Sucedió tras una reunión de varias horas en el municipio de Otavalo, escenario de enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad el pasado martes.
El acuerdo incluye el congelamiento del precio del diésel, que pasó de 1,80 a 2,80 dólares por galón (3,78 litros), medida aceptada por el Ejecutivo. Esto fue tras rechazar la propuesta indígena de restaurar el subsidio al diésel. “Cuando llegué a la provincia, lo primero que dije es que el diálogo siempre está abierto. Hoy se levanta el paro, hoy se abren las vías”, afirmó Reimberg. Además, se comprometió a iniciar labores inmediatas para abastecer la provincia. También establecerán mesas técnicas a partir del lunes 20 de octubre para abordar necesidades como agua, salud y educación.
Compromisos del acuerdo
Manuel Catucuago, dirigente de la FICI, detalló que el acuerdo contempla el traslado inmediato de los indígenas detenidos durante las protestas a una cárcel más cercana. Esto con miras a su futura liberación, y el esclarecimiento de las tres muertes ocurridas en el marco de las movilizaciones. También se investigarán las acusaciones judiciales “sin fundamento” contra dirigentes, según Catucuago. Martha Tuqueres, presidenta de la Unorcac, subrayó que el acuerdo marca “el inicio de un proceso” basado en el diálogo, donde “ceder y ceder” será clave para resolver las demandas de las comunidades.
Las protestas dejaron más de cien heridos y más de cien detenidos, incluyendo una veintena en prisión preventiva por cargos de terrorismo. Estas reflejan el descontento con las políticas económicas del Gobierno. La eliminación del subsidio al diésel, implementada para cumplir compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), incrementó los costos de transporte y producción. Esto afectó especialmente a sectores rurales afectados por el elevado costo del diésel.
Conaie desconoce el acuerdo
Según revista Vistazo, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), principal convocante del paro nacional, no reconoció el acuerdo alcanzado por las organizaciones de Imbabura. En un comunicado, afirmó que las bases “siguen en la lucha” hasta que sus máximos dirigentes adopten nuevas resoluciones. Esta postura evidencia tensiones internas dentro del movimiento indígena, que busca mantener la presión sobre el Gobierno.
El ministro Reimberg expresó su deseo de que Imbabura “vuelva a la normalidad lo más pronto posible” y destacó que Ecuador es “un país de paz”. Las mesas técnicas previstas para el lunes abordarán demandas estructurales. Estas incluyen la falta de servicios básicos, con el objetivo de evitar nuevas movilizaciones.
Contexto histórico de las protestas
Las manifestaciones en Imbabura se enmarcan en una historia de movilizaciones indígenas en Ecuador. En 2019 y 2022, la Conaie lideró protestas masivas que obligaron a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a revertir medidas similares de eliminación de subsidios a combustibles. Estas también estuvieron vinculadas a acuerdos con el FMI. Esas movilizaciones dejaron un precedente de la capacidad de las comunidades indígenas para influir en la política nacional.
El actual paro, iniciado el 22 de septiembre, ha generado un impacto significativo en Imbabura, con bloqueos de carreteras y un costo del diésel en discusión. Estos afectaron el transporte y el abastecimiento. Los enfrentamientos en Otavalo, donde se reportaron heridos entre manifestantes y fuerzas del orden, intensificaron la urgencia de un acuerdo. La Fiscalía ha imputado cargos de terrorismo a varios detenidos. Esto ha generado críticas de los dirigentes indígenas, quienes exigen la revisión de estas acusaciones.
Próximos pasos y desafíos
El acuerdo representa un avance en el diálogo, pero su implementación enfrenta desafíos. La falta de reconocimiento por parte de la Conaie podría complicar la desmovilización en otras regiones del país donde el paro persiste. Las mesas técnicas serán cruciales para consolidar compromisos y atender las demandas estructurales de las comunidades. Estas incluyen no solo el precio del diésel, sino también mejoras en infraestructura y servicios básicos.
