El Gobierno Nacional, el sector empresarial y el sector de los trabajadores se encuentran en negociaciones para definir el incremento del Salario Básico Unificado (SBU) que regirá en 2026. Mientras se barajan cifras entre $8 y $20, el exministro de Economía Mauricio Pozo ofreció una perspectiva técnica en Manavisión Plus, argumentando que cualquier ajuste salarial, por pequeño que sea, es un error que obstaculiza la generación de empleo. Pozo enfatizó que el verdadero problema de Ecuador es la falta de trabajo y no el nivel salarial, y subrayó la urgencia de una reforma laboral profunda y la reestructuración del Estado.

-En torno al incremento al salario básico unificado en el Ecuador, el sector empresarial recomienda $8, el CUC (Catálogo Único de Cuentas) dice que se puede llegar hasta $20, y el gobierno plantea entre $11 y $15. ¿Qué debería ser lo más saludable para el Ecuador, para los empleados y para los empleadores, economista?

Hace algunos años, para despolitizar esta decisión, se desarrolló una metodología con el Banco Mundial. Esta determinó que, en base a la productividad de años anteriores, no había argumentos para que se produzca un aumento del nivel salarial. Yo sigo defendiendo el principio de que el problema de Ecuador no es el nivel salarial, el problema de Ecuador es que no hay empleo y no hay trabajo.

El salario básico está por encima de la mayoría de países de la región, incluso con productividades menores. Por ejemplo, el salario básico es similar al de Chile, pero Chile tiene tres veces más productividad. Por ello, cualquier ajuste salarial que se produzca, sea de un dólar o de veinte dólares en este momento, va en contravía con la necesidad de buscar una mejora del empleo. Desde el punto de vista técnico, yo sigo con la posición de que es un error. Peor para el sector público, donde el nivel salarial duplica al del sector privado.

–Con base al argumento que usted nos plantea, ¿qué medidas se deben tomar para tratar de mitigar la afectación que pueda haber para el sector empresarial y también para las pequeñas empresas, y obviamente para tratar de seguir generando empleo?

Es muy simple ver que la evolución del salario y sus ajustes han ido mucho más allá de la evolución de los precios y del crecimiento económico en los últimos años. En el cálculo de 2020, el exceso del salario por sobre lo que correspondía a la productividad era más o menos de un 25%.

Para responder su pregunta, el país necesita de urgencia una reforma laboral que facilite la contratación y no la complique. Ahí perdimos el tema de la consulta, recordará, el trabajo por horas. Yo creo que el gobierno tiene que insistir en eso, pero también hay otros temas: la jubilación patronal, los costos de contratación, los costos de despido, los tipos de contratos. Tenemos una ley que caduca de más de 80 años que está absolutamente fuera de lugar y no es ni moderna, ni flexible, ni aplicable en las condiciones actuales.

–¿Cuál deberían ser los primeros cuerpos normativos en ser revisados, y cuáles deberían ser esas reformas que debería priorizar el gobierno para verdaderamente revertir esta situación de falta de trabajo adecuado en nuestro país?

El empleo va a mejorar en el Ecuador cuando los niveles de inversión, tanto privada como pública, crezcan a un ritmo adecuado. Y, ¿por qué digo en la medida de lo posible? Porque si usted no cambia la estructura del presupuesto, lo que se libera para la inversión pública es realmente una cifra marginal. Si usted resta subsidios, deuda, nómina del sector público, lo que le queda para inversión pública es aproximadamente un 2%. Con una cifra de esa magnitud tan pequeña y tan marginal, nunca se va a producir una recuperación económica y, por lo tanto, una mejora del empleo.

Si no se hace un cambio de estructura del Estado que pasa por la reforma a la seguridad social, el tamaño de la nómina y el rol del Estado en actividades que no le competen, porque el Estado no es empresario, es regulador. nunca mejorará. El Estado no puede estar vendiendo gasolina o administrando hidroeléctricas, porque primero no lo hace bien, y distrae recursos de lo que sí tiene que concentrarse: salud, educación, seguridad y justicia.

–Se habla de que hay un porcentaje muy alto de recursos del presupuesto 2025 que no han sido ejecutados. ¿A qué de alguna manera responde verdaderamente esta subejecución presupuestaria y qué impacto tendrá en el próximo año 2026?

La subejecución presupuestaria no es un tema nuevo, se produce por dos razones fundamentales y no excluyentes. La primera es por falta de financiamiento: que esté en el presupuesto aprobado no garantiza que va a haber la plata. Por ejemplo, si baja la producción de petróleo o si el ingreso tributario estimado no se da, hay menos ingresos, y eso genera un atraso en la entrega de fondos.

La segunda, que a veces es combinada, es que sí hay la plata, pero la institución no puede ejecutar porque le falta el contrato, el andamiaje legal no está listo, o la factura no está completa. Por lo tanto, subejecuta. Esto ocurre siempre y lamentablemente no veo que hayan cambiado las condiciones para que no se vuelva a repetir en 2026.

–Se habla de que para el 2026 se ha proyectado un precio del barril de petróleo de $53,50. ¿Considera usted que esta estimación es adecuada, es real?

El precio del petróleo en el presupuesto actual estaba en $59 y ahora se ajusta a $51. Lo de fondo aquí es que usted tiene que poner un precio que se aleje en la medida de lo posible de la estimación del precio internacional. ¿Por qué razón? Porque mientras usted más se acerca a la estimación, más vulnerable se vuelve. Baja un dólar el precio del petróleo respecto a lo que está en la proforma y le golpea en cerca de 70 millones de dólares anuales. Si baja $5, puede afectar en 350 millones. Hay que ver cómo nos alejamos de esa dependencia, pero para eso hay que cambiar la estructura del presupuesto.

–El incremento del IVA, del 12% al 15%, ¿eso le hizo bien a las arcas del Estado? ¿La gente tributó o ha hecho que haya más evasión?

El ajuste del IVA de 12% a 15% hasta donde se puede observar no ha producido más evasión y tampoco ha habido un mayor impacto en la actividad económica. La gente no demanda más porque no tiene trabajo. La mayoría de los ecuatorianos no tiene un empleo estable. A veces cuando se piensa que porque baje el IVA va a mejorar la situación, estamos hablando realmente de una ficción. Hay que corregir las otras cosas, como el empleo, para poder esperar una activación de la demanda.

Lo que sí hay que hacer es una simplificación. Hay sectores que no contribuyen lo que no es equitativo. El acuerdo internacional con los multilaterales establece que hay que hacer una reforma tributaria el próximo año. No creo que vaya por la línea de aumentar las tasas, sino por la vía de ampliar la base de la contribución a través de la eliminación de algunas exenciones.

–En el tema de los gobiernos seccionales, el gobierno ha ido pagando las asignaciones que tiene que entregar a algunos de los municipios, cancelándolas con bonos del Estado. ¿Cuál es el impacto que esto tiene y qué afectaciones puede generar a futuro?

La deuda interna, que es a lo que usted hace referencia, es parte de la consecuencia del problema. El Gobierno se endeuda emitiendo bonos, pagando deudas con bonos, porque no tiene la plata. Y eso, lamentablemente, creo yo, ya está entrando en lo que se llama un “círculo Ponzi”. Es decir, usted tiene que emitir deuda para pagar la deuda que se va venciendo. Esto no es un tema sano.

Además, aquí hay un problema de rendición de cuentas. El Estado reparte plata a los GADs porque la ley le obliga. Sin embargo, no hay rendición de cuentas. Paradójicamente, esa plata está registrada como gasto de inversión, cuando sabemos que la mayoría de esa plata no va a gasto de inversión, va a gasto corriente, por ejemplo, para el financiamiento de salarios. Esto no es sano, y no es solo en el caso de los GADs, se repite en la gran mayoría de sectores.

–¿Cuál podría ser el impacto real que el decreto ejecutivo 199 (que permite pagar gastos permanentes como sueldos con ingresos no permanentes, como endeudamiento) tendría en el 2026?

Es exactamente otro esquema que lo que hace es justificar la falta de recursos. La ley dice que usted no se puede endeudar para gasto corriente, sino para gasto de inversión. Sin embargo, le damos la vuelta, ahora a través de estos decretos excepcionales para poder atender necesidades. Me parece que este tipo de decisiones lo que hace es hacerle viable legalmente, por ejemplo, endeudarse para poder atender gasto corriente, pero no quiere decir que lo que estemos haciendo sea sano para la sostenibilidad fiscal.

–Una pregunta final, economista. ¿Hay que darle más espacio a la minería del oro? Incluso ahora también se habla del cobre. ¿Y si no, qué hacer para incrementar los ingresos a exportaciones que no tengan que ver con el petróleo?

Las exportaciones mineras del año pasado fueron superiores a los $3.000 millones de dólares. El potencial es enorme, y solo con dos empresas. La minería grande de empresas de reconocimiento internacional son ejemplos donde nos hace ver que existe un potencial enorme. Hay que caminar en paso firme, porque el Estado se beneficia por la regalía. Si eso nos ayuda a crecer, y eso genera más opciones de trabajo, estamos haciendo una función a favor de la gente y a favor de un gran problema, que es el del desempleo.

La entrevista completa la puede visualizar en las plataformas digitales de Manavisión Plus.