Siete días de paro nacional han costado a las provincias de Carchi e Imbabura más de 42 millones de dólares en pérdidas económicas. Así lo reveló la Cámara de Industrias y Producción (CIP), subrayando el grave impacto de la medida de resistencia adoptada por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie). Este paro ocurrió tras la eliminación del subsidio al diésel decretada por el presidente Daniel Noboa.
El paro nacional, iniciado el 22 de septiembre, exige al Gobierno la restitución de los subsidios a los combustibles. Los manifestantes también demandan políticas que alivien la crisis económica que afecta a diversos sectores, buscando una mesa de diálogo que aborde sus preocupaciones sobre la economía, seguridad y educación.
La CIP denuncia desabastecimiento y agresiones en el contexto del paro nacional
La CIP emitió un comunicado oficial este domingo 28 de septiembre denunciando el desabastecimiento generalizado. De acuerdo a esta entidad, los bloqueos de vías han impedido el tránsito de alimentos, medicinas e insumos esenciales, afectando la salud y seguridad de comunidades enteras. La interrupción del transporte también golpea el empleo y la subsistencia de miles de familias ecuatorianas, señala el comunicado.
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La Cámara repudió la «indolencia de impedir el acceso de insumos y medicamentos a hospitales». Asimismo, rechazó «los ataques violentos a convoyes que transportan alimentos y ayuda humanitaria». También repudió los casos de secuestro, maltrato y amedrentamiento sufridos por trabajadores y choferes.
María Paz Jervis cuestiona la vía de la violencia
María Paz Jervis, presidenta ejecutiva de la CIP, se pronunció en su cuenta de X con un mensaje contundente. «Esta semana, los manifestantes no solo han bloqueado vías: han secuestrado policías, retenido y maltratado choferes que transportaban alimentos. Además, han destruido camiones con insumos médicos destinados a salvar vidas», afirmó Jervis. Su declaración evidencia una escalada en los actos de violencia durante el paro nacional.
Jervis fue categórica al señalar: «No existe posibilidad de diálogo con quienes buscan imponer su visión a través de la violencia, el miedo y la destrucción». Su postura, que representa el sentir de gran parte del sector productivo, enfatizó que «el país no merece ser rehén de unos pocos«. Esto fue en alusión a los grupos que mantienen los bloqueos.
La CIP hizo un llamado urgente al Estado y a la fuerza pública para que «apliquen la ley frente a quienes arrebatan la paz de la ciudadanía y atentan contra la propiedad privada». La entidad considera imperativo que cesen las paralizaciones. También pide que se restaure la tranquilidad para las familias y se permita al país trabajar. Así se podrá avanzar hacia la recuperación económica.
